Resumen
Cuando en un país las instituciones democráticas y sus representantes pierden el contacto con la realidad y la empatía con sus representados, a los pueblos no les queda otro medio para canalizar sus inquietudes que un estallido social. Desde el 18/10/2019 Chile entró en una crisis múltiple. El cómo se resuelve esa falta de atención y empatía del sistema con la ciudadanía y cuáles son y cómo se harán los cambios estructurales para materializar las exigencias de las grandes mayorías, es la encrucijada de Chile en este momento histórico, y es el material de este artículo.
Chile cruje y sus soportes tambalean. Sumergido en múltiples crisis, social, sanitaria, económica e institucional, las fronteras de Chile son una herida abierta por la desigualdad socioeconómica. Todo el arco político y el poder de facto económico-financiero ―que siempre cogobierna en la sombra― sólo continuarán poniendo más ácido en esa angosta y larga herida si no deciden unirse para hacer los cambios estructurales que son tan urgentes como necesarios.
Una constatación antes de todo: Chile es un mejor país desde el fin de la dictadura en 1990. El crecimiento económico se ha quintuplicado; la pobreza se ha reducido de un 45% a un 11%; el ingreso per cápita (IPC) se queda al borde de un país desarrollado (pobre); se ha creado una nueva clase media baja, hay tantos estudiantes universitario como jamás ha tenido Chile; la mortalidad infantil es tan baja como en muchos países desarrollados, y la esperanza de vida es casi la misma de España, Francia e Italia, que son las más altas del mundo. No reconocer estos enormes logros es ser tan dogmáticos como los ortodoxos del capitalismo neoliberal salvaje.
Sin embargo, por haber extradimencionado en los últimos treinta años de posdictadura una política orientada a favorecer los privilegios del 1,01% de los megabillonarios, que se llevan un 54% de las ganancias totales del país y paga menos impuestos que el 10% más pobre, aportando un escuálido 9,8 % a las arcas públicas, y no repartir esa riqueza en forma más equitativa, el régimen que ha creado una riqueza inédita en Chile, se ha convertido en un sistema fallido. Sólo un dato lo ilustra cabalmente: con un sistema tributario regresivo, el Estado chileno apenas posee un 22% del Producto Interior Bruto (PIB); en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio es de un 34%.
Lo más inquietante, es que un 41% de la recaudación tributaria procede del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a productos de consumo esenciales, afectando, qué duda cabe, a los más vulnerables. Con este modelo de inequidad se mantiene el statu quo del ancien régime pinochetista, cristalizado en su Constitución, de la que la derecha y el poder de facto empresarial-financiero es apologista: crecimiento económico con inequidad social y un déficit político ético-moral de vértigo, esto es, un capitalismo ultra salvaje.
Que los empresarios crean riqueza, sí, que dan trabajo, también sí, pero eso no implica que los que hacen el trabajo posibilitando la creación de riqueza no reciban lo que por derecho, y hasta ya por un mínimo sentido común, deben recibir. Mantener a las grandes mayorías con sueldos basura sumiéndolos en la pobreza relativa, vale decir, teniendo trabajo viven en la frontera de la pobreza, es ya garantizar una inestabilidad social endémica.
Aliada al poder de facto económico-financiero y a un duopolio comunicacional, es la derecha chilena la que debe modificar parámetros económicos y sociales si no quiere estallidos sociales permanentes ―la única y última alternativa que le queda a la ciudadanía contra las desigualdades― y, con ello, el fin de la paz social, en otros términos, el fin del crecimiento económico.
Ese cambio pareciera ya estar produciéndose. En efecto, parlamentarios derechistas, contra todo pronóstico, se han convertido en “díscolos” de las políticas procorporativistas (pro poder de facto) que promueve su Gobierno; ¿son el germen de una anhelada derecha social, modelo europeo, la cual sustenta un estado social desde hace más de siete décadas?
La derecha chilena históricamente se ha inclinado por la represión y el quiebre de la convivencia democrática cuando la historia ha puesto a Chile en la encrucijada entre un Estado solidario o uno autoritario de inequidad y exclusión social. Las últimas encrucijadas de Chile se han resuelto, la primera, con un golpe de Estado y 17 años de terror dictatorial y la segunda, con el plebiscito del 88 del Sí o el No a la dictadura, en el cual la derecha fue partidaria de mantener la dictadura. En esta última encrucijada, en parte resuelta con el plebiscito por el Apruebo o Rechazo de una nueva Constitución, ya se han dado señales de, por primera vez, un cambio en parte importante en las derechas apoyando el Apruebo. El nacimiento de una derecha social acompañada del poder corporativista que abracen un Estado más social como parte de su propuesta central, es un componente primordial para inclinar la balanza por la igualdad de oportunidades para las grandes mayorías.
Un Estado solidario, apoyado por la centroizquierda e izquierda, pero también por una derecha y el poder empresarial con responsabilidad social, o un Estado autoritario que, con la fuerza de la represión de un Estado autoritario mantenga la injustica social, es la encrucijada en este instante crucial para Chile.
La centro izquierda y la izquierda no pueden solas gestionar el cambio de un Estado asistencial e insolidario, como el actual, a uno social sin incluir un apoyo importante de una derecha social y de la clase empresarial. La experiencia de la segunda Administración de Michele Bachelet, así lo indica: se orquestó una campaña del terror y un locaut empresarial para frustrar su propuesta de cambio estructural tranquilo. Pero tampoco la centro derecha junto al poder de facto corporativista, puede continuar gobernando después del 18/09/2019 un Estado desfinanciado, más gestor de los intereses del mercado privado en detrimento de las grandes mayorías, sin tener que romper con el estado de derecho instaurando uno autoritario y represivo.
En este momento histórico para Chile, las trincheras partidistas deben levantarse y hacer un alto al fuego político. Es la hora de la unión de las derechas, centros e izquierdas para firmar un contrato social que consolide un Estado solidario capaz de financiar la protección social. Es lo que piden las grandes mayorías. No hacerlo, es permitir que Chile se convierta en un Titanic que chocará irreversiblemente con el iceberg de la desigualdad que alienta estallidos sociales permanentes y cada vez más violentos; a la medida, por cierto, de la desigualdad que es la forma más violenta de administrar el poder. Sin duda, muy pocos se salvarían en ese naufragio.
Sólo la unidad de todas las fuerzas políticas con visión de país y con auténtica sensibilidad social, unidos en la diversidad que es el único componente capaz de producir los grandes cambios históricos, se podrá crear un país con crecimiento económico basado en la justicia social y en un proceso productivo sustentable. Esta es la única fórmula para alcanzar la cohesión social y, con ello y por eso, la paz social.
Qué no se pierda, una vez más, esta gran oportunidad.
Comentar
Critica.cl / subir ▴