El talón de Aquiles de la Concertación

Publicado también en Primera Línea (La Nación)

Haciendo un análisis más crítico y exhaustivo sobre la era concertacionista con ya 18 años ininterrumpidos en el poder, sin lugar a duda, su talón de Aquiles ha sido su incapacidad para desarticular la enorme desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, a pesar de su máxima “crecimiento con equidad”: a medida que crecía la riqueza, salían de la pobreza miles de personas pero, paralelamente, la desigualdad crecía ininterrumpida entre la élite cada día más rica y la nueva clase media baja y media siempre al borde de la pobreza.

Se ha logrado la gobernabilidad después del trauma del totalitarismo pinochetista; la gestión económica ha logrado un crecimiento sostenido inédito en la historia de Chile que ha cuadruplicado su poder económico, creando una clase media baja; hay agenda de políticas públicas permanentes dirigidas a las capas de la población más desfavorecidas del sistema con una disminución sostenida considerable de la pobreza (del 45% en 1990 a un 14% en 2009). Pero, y a pesar de una voluntad política que no queremos poner en duda, los avances coexisten con grandes déficit de justicia social, especialmente en la distribución del ingreso y reparto de la riqueza; Chile tiene una de las mayores desigualdades del mundo (midiéndolo como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE).

La fórmula neoliberal, al que la Concertación agregó el concepto social, es decir, una economía social de mercado, siguiendo el modelo europeo, ha sido la liberalización de la economía, quitando barreras pero sin discriminar los controles adecuados para así estimular el crecimiento sostenido (que debería, además, ser sustentable) con un fuerte programa social. Sin embargo, este modelo, y ya nadie lo discute y en esto hay absoluto consenso en Chile (y en el mundo, incluyendo en EE UU), crea pocos ganadores y masivos perdedores, a pesar de la implementación de políticas públicas orientadas a combatir las desigualdades sociales. Porque no bastan. Y los perdedores son los de siempre: ese 15% de pobres que aún no recibe nada del crecimiento económico, pero también la nueva clase media baja que ha nacido con el crecimiento económico gestionado por la Concertación que vive en una pobreza relativa: tiene trabajo pero subsiste balanceándose por arriba y por debajo de la línea de la pobreza por malos ingresos; vale decir, por sueldos basura.

Se requiere de un proyecto político altamente cohesionado para desarticular las desigualdades sociales que engendra la economía de mercado neoliberal, aunque se le haya agregado el concepto social. En este ítem, se debería agregar, como parte de las políticas públicas del Programa de Gobierno, la formación de los recursos humanos ―un obrero especializado va a cobrar mejor sueldo que uno sin formación específica alguna―, mejorando automáticamente la distribución del ingreso. Otra condición imprescindible con miras a la justicia social y concretamente a disminuir la desigualdad en la variable analizada, los sueldos, es preparar las condiciones adecuadas para hacer simétrico el poder en la negociación colectiva entre trabajadores-asalariados y empresarios-empleadores, de tal forma que mejore la calidad del dialogo social. Para que esto se materialice se debería desideologizar la convivencia para, así, desterrar esquemas caducos ya superados que consideran a estos dos esenciales agentes sociales como antagónicos.

Para un diálogo social de calidad, que debe institucionalizarse, es necesario desdramatizar (frente a los empresarios/empleadores) la negociación colectiva, ya que es la herramienta imprescindible para la convivencia de igual a igual en la negociación entre estos dos actores sociales imprescindibles y fundamentales para el desarrollo económico y social armonioso del país. La buena y respetuosa convivencia entre estos dos actores sociales regulada por un Estatuto de los Trabajadores donde la negociación colectiva sea con titularidad sindical, sectorial y para todos/as los/las trabajadores, independientemente que estén o no sindicalizados, es una de las condiciones esenciales para que el país alcance una mejor simetría en la distribución del ingreso y de la riqueza.

Hay que destacar que estas condiciones sindicales están institucionalizadas en los países desarrollados europeos desde hace décadas, como en Alemania, España o Suecia. Nadie puede sostener que la institucionalidad del diálogo social bajo estos parámetros ha incidido negativamente en el desarrollo económico, como plantea la patronal chilena. Más bien, lo contrario: agrega calidad a la producción y garantiza la cohesión y la paz sociales. Los efectos nocivos de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza y las relaciones desiguales entre los agentes sociales en total detrimento de los trabajadores/asalariados, están incubando futuros conflictos sociales imparables e incontrolables que pueden convertirse en estallidos sociales, ―muy justificados, por cierto―, si no se soluciona este talón de Aquiles no sólo de la gestión concertacionista, sino de Chile. Un clima político y social crispado y desestabilizador atentaría contra la estabilidad política, condición necesaria para que el proceso de crecimiento económico sostenido (y sustentable) se mantenga, y afectaría a toda la clase política, no sólo a la Concertación y los partidos de derecha, sino, y esto es necesario dejarlo muy claro, a los propios empresarios/ empleadores y, qué duda cabe, a todo Chile.

Esta realidad, que nadie puede desconocer ni menos discriminar en el debate y análisis si se quiere tener un mínimo de seriedad, responsabilidad política y honestidad intelectual, ha llevado a la Concertación a otra de sus certezas; a saber, que sin la intervención decidida, sistemática y firme de la llamada clase política, vale decir, de todo el arco político, aplicando medidas apropiadas para ordenar y regular la actividad del mercado y, paralelamente, desarrollar políticas públicas graduales, que no sean sólo parches subsidiarios sino estructurales, no hay viabilidad para ir disminuyendo la obscena desigualdad social y frenar futuros conflictos sociales. Como todos los estudios económicos y sociales lo verifican, el mercado por sí solo no conduce a la eficiencia económica a largo plazo ni al bienestar social para las grandes mayorías, sino más bien perpetúa la desigualdad social por una acumulación sin precedentes del capital y del poder en una élite que no llega al 2% de la población, pero que se lleva más del 50-55% de la riqueza total del país. Una asimetría de esta envergadura sólo augura una explosión social. Es en este ítem donde se debe profundizar el análisis y la puesta en marcha de un Plan de Acción para intensificar los cambios estructurales que vayan disminuyendo las desigualdades socioeconómicas, cohesionándolo al máximo dentro de las posibilidades reales en esta etapa histórica.

Este es, insisto, el proyecto político a corto y largo plazo que no sólo debiera ser de la Concertación sino también de una derecha social: la creación de una Sociedad del bienestar, siguiendo el modelo europeo, en contraposición al que propone la derecha dura, el modelo norteamericano que, a pesar de ser el país más rico del mundo, su sistema es en extremo insolidario con nada menos que más de 60 millones de pobres, y sin sistema de protección social universal. Todo el arco político debiera organizar las prioridades estratégicas para viabilizar este proyecto político en un nuevo contrato social que incluya a todos los agentes sociales, en especial a los representantes de las organizaciones sociales de base de las grandes mayorías y a asalariados y empleadores.

Son estas mayorías las que deben sí o sí incluirse en la toma de decisiones. Excluirlas, es asegurar la inestabilidad social permanente.

Jaime Vieyra-Poseck