Reflexiones en torno a la justicia educativa en tiempos de pandemia y pospandemia

^{https://orcid.org/0000-0001-8545-8229
Universidad  de Las Américas,  Viña del Mar,  Chile}

Resumen
A continuación, se presenta una breve reflexión realizada en el marco del doctorado en Educación en la diversidad de la Universidad Nacional de Cuyo, para el seminario de Política educativa. Se establecen algunas dimensiones importantes asociados al concepto de justicia educativa contextualizado a los tiempos de pandemia y problemáticas que subyacen al mismo.

Palabras claves: Justicia educativa, brecha social, pandemia, desigualdades

El contexto actual ha generado la necesidad de reformular los espacios donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, implementándose diferentes metodológicas hasta entonces inéditas en el sistema escolar, como el desarrollo de clases en línea, híbridas, el desarrollo de clases presenciales con un fuerte uso de tecnología educativa y la implementación masiva de lo que se denomina la Enseñanza Remota de Emergencia, término propuesto por (Hodges et al., 2020) y retomado por varios autores (Bárcenas-López, 2022; Dong & Ishige, 2022; Ducasse, 2022; Martins et al., 2022; Milman, 2020; Regueira et al., 2020)

Ciertamente, esta coyuntura ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades, brecha social y digital, , así como de acceso y conocimiento de herramientas tecnológicas a nivel de estudiantes y docentes (CEPAL & UNESCO, 2020; Marinoni et al., 2020; Pardo & Cobo, 2020), las brechas de conectividad e infraestructura tecnológica que cuestionan el derecho a la educación (Ruiz, 2020), la enorme brecha digital que existe a nivel nacional y que refleja la falta de alcance del nuevo modelo educativo (Besser et al., 2020; Kardelis et al., 2021). Ante este escenario, se hace cada vez más necesario avanzar hacia la justicia educativa y llevar a la práctica “herramientas conceptuales y criterios de política para propiciar la construcción de un modelo de justicia educativa posible”(Aguilar Nery & Aguilar Nery, 2016, p. 9)

El concepto de justicia educativa ha evolucionado a través del tiempo y ha predominado en países de Latinoamérica como Argentina y México(Aguilar Nery & Aguilar Nery, 2016), algunos autores han intentado realizar un acercamiento conceptual y concuerdan en que, al menos en la actualidad, esta alude a describir críticamente la distribución de la escolaridad y se establece como expectativa para generar una sociedad más justa y como uno de los focos el reconocimiento (Nery, 2015).

Sin duda, la mayoría de los teóricos que han puesto de relieve el tema de la justicia educativa, concuerdan en que los Estados deben empezar por asimilar la educación como un derecho humano, no obstante, en el contexto latinoamericano, el reconocimiento de este derecho, en muchas ocasiones queda en el papel.

De la Emergencia sanitaria subyacen una serie de desafíos que, en tiempos de pospandemia, es necesario tomar en cuenta, para ello, los Estados deben hacerse cargo de la elaboración de un diagnóstico certero desde la contextualidad, considerando  los inconvenientes de los establecimientos escolares durante el periodo de pandemia y establecer políticas de prevención y mejora, de tal manera que, frente a un evento similar, la educación se encuentre mejor preparada para enfrentar vicisitudes similares.

Ahora bien, desde la perspectiva de la justicia educativa, en tanto, es necesaria la intervención del Estado y que este asuma la responsabilidad educativa frente a la sociedad, pero de esta premisa subyace una problemática; ¿qué sucede cuándo el Estado es ineficiente?, es decir, estamos de acuerdo con los que han planteado que, para el logro de la justicia educativa es necesario un Estado presente, pero ¿qué sucede cuándo el Estado no es capaz de hacerse cargo de manera eficiente? Esto ha sido tema de debate en este último tiempo en Chile, en donde desde luego, se torna importante que el Estado asigne recursos para mejorar la educación, y de hecho se ha realizado, pero no ha sido eficiente. Por ejemplo, frente a la Nueva Educación pública, los avances han sido paupérrimos y han presentado diversos problemas e inoperancias, producto de la ineficiencia de los aparatos estatales para la implementación de esta nueva política. (Arias, 2020; Baleriola et al., 2021; Contreras Triviño et al., 2021; Gonzalez, 2019).

Si bien, en contexto de Pandemia, y a nivel universitario, donde existen mayor cantidad de recursos, las universidades tuvieron que implementar iniciativas que propendan la retención, frente a ello, se ejecutó una potencialización de las aulas virtuales, contratación de plataformas de videoconferencias, apoyo en mayor conectividad de los estudiantes por medio de tarjetas de conexión, que en definitiva, son medidas temporales, pero el desafío es mantener y dar continuidad a políticas que provean de recursos a aquellos estudiantes que aún sufren de la brecha digital. En cierto modo, que tanto el Estado como los establecimientos educativos establezcan políticas de redistribución, y que a la vez, vayan acompañadas con el reconocimiento del otro, generando y alcanzando de esta manera hacia la igualdad de condiciones más que igualdad de oportunidades, para ello es necesario implementar una política reflexiva que sea capaz de escuchar la voz de los excluidos,  (Aguilar Nery & Aguilar Nery, 2016; Horacio Ademar Ferreyra, 2013) incluyendo el “principio de participación social que no va de arriba abajo, sino que se logra en articulación, con diálogos democráticos entre los diversos actores sociales” (Veleda, Rivas y Mezzadra, 2011, p. 73 citado por Aguilar Nery & Aguilar Nery, 2016).

En consonancia con lo anterior, debemos considerar lo que plantea Botía, (2012) que “La escuela, situada en un entorno desigual, parecería condenada a reproducir dichas desigualdades. De ahí que una mayor justicia en la escuela pudiera suponer actuar más en reducir las desigualdades sociales que en reformas educativas.” (p.40)

Desde otro enfoque y desde mi perspectiva, y además, considerando los principios de la justicia educativa relacionados con la relación educación-sociedad, la libertad de enseñanza también debiera ser incluida como uno de los motores de esta. Si la consideramos como un componente importante para el logro de la justicia educativa, específicamente en Chile se encuentra en peligro. La reciente propuesta constitucional, que encendió las esperanzas de gran parte del país, no resuelve el tema en cuestión, si bien, presenta avances significativos, no obstante, la ideologización del texto genera que se oscurezcan muchos aspectos contrarios al avance de una verdadera justicia educativa sin sesgos. En este sentido, la libertad de enseñanza, que si bien, se establece explícitamente en el texto, deja muchas dudas, dado que existen algunos componentes que son altamente preocupantes para los colegios confesionales y particulares. A modo de ejemplo, el Artículo 34.4 establece que «La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución.» Estos principios son los que todo establecimiento escolar debe contemplar y salvaguardar. Más adelante, en el artículo 41.3 consigna «La libertad de enseñanza» pero especificando que esta y la libertad de cátedra, estrían sujetas a el: «marco de los fines y principios de la educación», ¿cuáles? lo que yo entiendo son los que establece el artículo 34, entre ellos «el enfoque de género» cuyos principios chocan en su mayoría con algunas confesiones religiosas. En rigor aquí se ponen en conflicto principios ideológicos, que una vez más excluye a un sector nada despreciable de la sociedad e impide que avancemos hacia una verdadera justicia educativa para todos los sectores sociales.

Cristian Sepulveda

REFERENCIAS

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