La política del Estado mexicano en la agricultura: concepciones teóricas.

Artículo preparado y escrito por
Joaquín Zagoya Martínez, Andrés María Ramírez, Rafael de Jesús López Zamora y María de Lourdes Hernández Rodríguez
(Ver resúmenes curriculares abajo).

El Colegio de Tlaxcala A. C. Avenida Melchor Ocampo No 28,
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. C. P. 90600. Tel. (246)464 5874.
joaquin.zagoya@coltlax.edu.mx; mariaramirez.andres@coltlax.edu.mx; lopezza@coltlax.edu.mx; malourdes_hernandez@coltlax.edu.mx.

The policy of the mexican state in agriculture: theoretical conceptions.
A política do estado mexicano na agricultura: concepções teóricas.

Resumen
Las políticas diseñadas y ejecutadas por el Estado mexicano en el sector agrícola bajo el supuesto modelo de la “agricultura sustentable” y “manejo agroecológico” sin duda ha sido objeto de críticas por diversos grupos sociales, al cuestionar la incongruencia entre lo planeado y la práctica de las mismas en campo, por tal motivo el objetivo del presente trabajo es tratar de explicar la concepción del Estado mexicano respecto a la política de desarrollo en la agricultura. Los resultados encontrados mostraron falta de claridad conceptual en términos clave como desarrollo, agricultura de conservación, agroecología y sustentabilidad, por consiguiente existe incongruencia entre el diseño teórico y la operacionalización de políticas en campo, donde la lógica oculta de éstas es regida por el modelo económico neoliberal actual.
Palabras clave: agricultura sustentable, agroecología, desarrollo sustentable.

Summary
The policies designed and implemented by the Mexican State in the agricultural sector under the supposed model of «sustainable agriculture» and «agroecological management» have undoubtedly been the object of criticism by various social groups, by questioning the inconsistency between the design and practice of the same ones in the field. The objective of the present work is to explain the conception of the Mexican State with respect to the politics of development in the agriculture. The results showed a lack of conceptual clarity in key terms such as development, conservation agriculture, and agroecology, therefore there is an inconsistency between the theoretical design and the operationalization of policies in the field, where the hidden logic of these is governed by the model neoliberal
Keywords: agroecology, sustainable agriculture, sustainable development.

Resumo
As políticas projetadas e executadas pelo Estado mexicano no setor agrícola sob o suposto modelo de «agricultura sustentável» e «gestão agroecológica», sem dúvida, foram criticadas por vários grupos sociais, questionando a incongruência entre o que foi planejado e a prática. deles, no campo, por isso o objetivo deste trabalho é tentar explicar a concepção do Estado mexicano em relação à política de desenvolvimento agrícola. Os resultados encontrados mostraram falta de clareza conceitual em termos fundamentais, como desenvolvimento, agricultura de conservação, agroecologia e sustentabilidade, portanto, há inconsistência entre o projeto teórico e a operacionalização de políticas no campo, onde a lógica oculta é governada pelo modelo econômico atual neoliberal.
Palavras-chave: agricultura sustentável, agroecologia, desenvolvimento sustentável.

Introducción
Efectuar estudios dentro de las ciencias sociales implica que el modo de abordaje esté condicionado por los conceptos, estableciéndose de esta forma, una relación con ideas e intereses inmersos dentro de cada manera de interpretar un determinado fenómeno (subjetividad). En este sentido, conceptos como desarrollo, agricultura y política pueden tener diversas interpretaciones, sin embargo las coincidencias se establecerán a partir de la visión del investigador o del tomador de decisiones, que a su vez, se reflejará directamente en el entorno social, económico, ecológico y cultural, y por consiguiente en el grado de viabilidad de que todos los miembros de la sociedad alcancen el bienestar. Es así entonces, que la base teórica en la ciencia social cobra mayor importancia, al brindar alternativas para la comprensión de las relaciones existentes entre la sociedad y su entorno, abriendo la posibilidad de generar estrategias orientadas a la solución de los problemas sociales. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en México se considera como una guía para que sociedad y gobierno cuenten con objetivos comunes, por lo tanto éste, traza los propósitos de las políticas y sus estrategias para lograrlos, sin embargo en la práctica se puede encontrar un alejamiento teórico y metodológico entre lo planeado y lo implementado, que se puede considerar por un lado como, omisión o falto de eficacia, y por otro, como, el resultado premeditado en el diseño y aplicación de políticas, es decir, su poco impacto en beneficiar a los segmentos más vulnerables podrían ser a raíz de la dominación de las elites en la planeación nacional en pro de sus interés. Ejemplo de ello, es el sector agrícola en México, donde a pesar de las grandes inversiones por parte del Estado, continúa en un proceso de debilitamiento, principalmente en la pequeña agricultura, siendo evidente el desintereses por esta parte del sector. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es tratar de explicar la concepción del Estado mexicano respecto a la política de desarrollo en la agricultura.

El desarrollo versus el desarrollo del Estado
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento latinoamericano se vio permeado por las escuelas de economía neoclásica y keynesiana, por lo cual, se brindó preferencia a los estudios de la región en el crecimiento con base en la industrialización y sustitución de importaciones como único camino para alcanzar el desarrollo, renunciando de esta manera a otras alternativas, es decir, se entendió a este último como un proceso de cambio social con un objetivo definido: “ser una sociedad occidental” (Ornelas, 2012). Así, el término de desarrollo se relacionó con sociedades humanas como sinónimo de crecimiento económico, omitiendo que la manera de satisfacer las necesidades en cada sociedad es diferente para todas, ya que cada una de ellas cuenta con características particulares (culturales, económicas, políticas y ambientales). Contrario a las tesis que sostenían que la industrialización, urbanización y modernización de los sistemas productivos era la vía para lograr un “pleno desarrollo” México, así como otras naciones latinoamericanas, no lo lograron, acentuándose y perpetuándose la dependencia[1] hacia las grandes potencias en la región (Sotelo, 2017). En este sentido, Meadows et al. (1992) indican que el crecimiento se refiere a la acumulación de riquezas, y el desarrollo está relacionado a la expansión de potencialidades de cada miembro de una sociedad, alcanzado así un estado de mejora total.

El concepto de desarrollo es un término polisémico, por lo cual es necesario conocer diferentes posturas teóricas referentes a su estudio, así como, considerar premisas básicas para su abordaje como (Becerra y Pino, 2005): 1) crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Pudiéndose presentarse crecimiento en ausencia de desarrollo pero no así, desarrollo con ausencia de crecimiento; 2) el desarrollo no es un término mesurable en términos absolutos, ya que su análisis se encuentra inmerso en dimensiones espacio-temporales, otorgándole así relatividad a su expresión; 3) el desarrollo es un fenómeno social resultado de un proceso histórico, reflejándose en la conciencia social; y 4) el desarrollo se refiere a niveles en el avance ascendente del individuo social en sus relaciones sociales.

La polisemia del concepto de desarrollo ha orillado al surgimiento de diferentes categorías como, el desarrollo regional, donde Boisier (1996) señala que es un proceso localizado de cambio social sostenido, teniendo como propósito el progreso permanente de la región[2], de la comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella. En este sentido, el desarrollo regional se encuentra relacionado con la transformación de las regiones, además de estar asociado al incremento de la producción y el progreso técnico, la gobernabilidad y los conflictos de poder político, la distribución del ingreso, la conservación y cuidado de los recursos y del medio en general, y finalmente de la organización de la sociedad (Delgadillo et al., 2002). De esta manera, las estrategias y políticas se diseñan más adecuadamente, así los actores ejecutan y se benefician de mejor manera de ellas.

En el caso del desarrollo sustentable ha sido resultado de discusiones intelectuales y políticas a lo largo del tiempo, surgiendo finalmente, a raíz del deterioro ambiental, conjugándose en él, los conceptos económico-sociales del desarrollo con la sostenibilidad ecológica, formalizándose a partir de la publicación del informe Brundtland (1987), el cual fue producto de los trabajos realizados por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), creada en la Asamblea de ésta en 1983 (Harlem y Khalid,1988) definiéndolo como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Esta definición surge a partir de que no se pueden considerar sostenibles sociedades y economías saludables en un mundo con tanta pobreza y degradación del medio ambiente. Sin embargo, este concepto a pesar de contar con aceptación en sus principios y fundamentos que lo rigen, existen gran diversidad de criterios en cuanto a su interpretación, generando diferentes enfoques que buscan explicarlo como (Bifani, 1999 citado por Zambrano, 2008): 1) el ecologista, el cual hace énfasis en la sustentabilidad ecológica y las condiciones necesarias para asegurar la vida humana a las generaciones futuras; 2) el intergeneracional, resalta la necesidad de preservar los recursos naturales con el objeto de que las generaciones futuras puedan maximizar sus opciones en el uso de los mismos e incrementar así su bienestar; y 3) el económico, concibe su crecimiento como una condición necesaria para incrementar la protección y renovación del medio, fundado en políticas que sostengan y amplíen la base de los recursos del medio y se refleje en la competitividad. Descrito lo anterior, se podría decir que el objetivo aparente del desarrollo sustentable es reconciliar los aspectos económico, social y ambiental inmersos en las actividades antropogénicas, así como resaltar el compromiso que debe tener el ser humano para que exista una relación naturaleza-sociedad donde se utilice los recursos de manera racional, se genere un mínimo o ningún daño a los ecosistemas y se distribuyan justa, racional y equitativamente los beneficios de la economía (Brenner, 2010).

El concepto de sustentabilidad[3] –integrando la dimensión ecológica, económica y social– asociado al desarrollo sustentable, no únicamente pretende dotar a las generaciones futuras de un mundo material (biótico y abiótico) similar o con mejores condiciones que el actual, sino que además, busca una equidad en las relaciones intrageneracionales actuales. A pesar de lo anterior, la evaluación de la sustentabilidad para la planeación de políticas se limita a considerar factores económicos y algunos ecológicos, restando importancia a los aspectos sociales.

Esta falta de coherencia entre el discurso sobre el desarrollo sustentable se puede explicar por los siguientes aspectos: 1) el instrumental teórico es inexistente o se encuentra alineado a otras corrientes, reflejándose en metodologías construidas precisamente para no alcanzar la sustentabilidad; y 2) los marcos conceptuales no son aptos para estudiar problemas ni diferencias sociales, considerando a la sociedad humana como una unidad en su relacionamiento con el entorno (Foladori, 1999). En el caso del Estado mexicano no se encontró un concepto de desarrollo que rija adecuadamente el diseño e implementación de políticas, encontrándose únicamente la categoría de desarrollo económico, definiéndolo como (BANXICO, 2017):

“transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la producción y productividad per-cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real per-cápita”

Evidentemente, es un concepto limitado, no sólo por proceder de un diccionario de economía del autor colombiano Hernández (2006) sino por no considerar aspectos relevantes del contexto nacional como la cultura y por ende las cosmovisiones existentes, dando a suponer la incongruencia existente entre los postulados de la planeación y el accionar del Estado mexicano.

Agricultura sustentable (del Estado) versus agroecología
El concepto de agricultura al igual que el de desarrollo cuenta con diversas categorías. En el caso de la agricultura sustentable existen diferentes conceptos a raíz de las múltiples interpretaciones de sustentabilidad, lo que permite ir: 1) de lo más profundo a lo más superficial; 2) de lo social a lo ambiental; 3) de la agricultura campesina a la agricultura de precisión; y 4) del productivismo a lo multifuncional (Féret y Vorley, 2001). En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1992 citada por Von der Weid, 1994) define a la agricultura sustentable como:

“el manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e institucionales a manera de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas en forma continua para las generaciones presentes y futuras. Tal desarrollo sustentable conserva el suelo, el agua, y recursos genéticos animales y vegetales; no degrada al medio ambiente; es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.

Por su parte Allen et al. (1991) señalan que la agricultura sustentable es aquella que equilibra equitativamente intereses relacionados con la calidad ambiental, la viabilidad económica, y la justicia social entre todos los sectores de la sociedad. En el caso del Estado mexicano no se encontró concepto alguno referente a la agricultura sustentable, no obstante se identifica el uso de términos como conservación y agroecología. Ejemplo de ello, es el programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)[4], donde en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se considera parte de la estrategia nacional “Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola” detallando que MasAgro impulsa la adopción de técnicas de labranza de conservación y el manejo agroecológico (PSDAPA, 2013). Sin embargo, MasAgro en sus paquetes tecnológicos incorpora: 320 marcas de herbicidas, 408 de insecticidas, 167 de fungicidas, 51 fertilizantes sólidos y 149 fertilizantes foliares (SAGARPA-CIMMYT, s.f) con lo que se devela las inconsistencias teóricas a raíz de que, la agricultura tradicional se caracteriza por el uso mínimo de insumos externos (Gliessman et al., 2007) a diferencia de MasAgro, por lo tanto, este tipo de programas en lugar de fortalecer las prácticas tradicionales, generan dependencia con el supuesto propósito de incrementar el ingreso familiar, reflejándose en un abandono y perdida de los saberes forjados de generación en generación. Aunado a esto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017) complementan dicha lógica de desaparición del conocimiento tradicional, al postular de manera global estrategias para el aprovechamiento del “enorme potencial inexplotado de los sistemas alimentarios” fomentando el crecimiento de la agricultura agroindustrial con el supuesto de impulsar la productividad y los ingresos de los agricultores en pequeña escala, generando de esta forma, una transformación rural inclusiva y por ende “erradicación de la pobreza rural al tiempo que ayudaría a poner fin a la pobreza y la mal nutrición en las zonas urbanas”. Donde es notoria la contradicción, al tratar de incorporar a pequeños agricultores en la agroindustria, y aún más “erradicar la pobreza” a partir de esto.

Descrito lo anterior, Rosset (1998) señala que el enfoque principal de la agricultura sustentable ha sido la substitución por insumos menos nocivos de aquellos productos agroquímicos que han resultado responsables de muchos de los problemas asociados con la agricultura convencional, es decir, el impulso es básicamente tecnológico, y se caracteriza por conservar la misma mentalidad del factor limitante que ha dirigido la investigación agrícola convencional en el pasado, fundamentándose en la lógica de que en un momento determinado existe un sólo factor que limita el incremento del rendimiento, pudiéndose superar por medio de un insumo externo apropiado. Con ello, se perpetúa un procedimiento que alivia síntomas en lugar de atender las causas reales del desbalance ecológico. Este mismo autor, indica que la substitución de insumos aparenta un avance en pro del ambiente, sin embargo las fuerzas que operan en la crisis agrícola permanecen –monocultivo extensivo, control de insumos por la industria transnacional, dependencia de combustibles fósiles, y la fuerte necesidad de capital– Además, este enfoque no considera el endeudamiento de los agricultores, a raíz de los altos costos de producción, ni las bases ecológicas de la disminución de rendimientos, planteándose lo siguiente: “¿A qué se debe esto? A que los planificadores corporativos se han dado cuenta de que se puede hacer negocios más provechosos con las prácticas alternativas que con la agricultura convencional, manteniendo a los agricultores dependientes de tecnologías externas” Lo anterior coincide con Toledo y Ortiz (2014) al señalar que en nombre de la sustentabilidad se han armado programas de gobierno demagógicos o fraudulentos o campañas de lavado de imagen por gran parte de las grandes corporaciones que hoy dominan la economía del mundo.

El crecimiento apresurado del capitalismo en los territorios rurales, desde principios del Siglo XXI en América Latina, no sólo se ha fundamentado en el extractivismo de recursos, sino que de igual modo su expansión ha sido posible por la explotación de millones de hombres y mujeres que con su fuerza de trabajo han creado el valor y la riqueza acumulada por las grandes empresas del sector agrario en todos estos años (Riella y Mascheroni, 2015). Así la agroecología surge entonces como una perspectiva científica destinada a apoyar la transición de los actuales modelos de desarrollo y de “agricultura por estilos más sustentables, utilizando el manejo ecológico del ecosistema, y siendo una alternativa a la crisis actual (Gliessman et al., 2007). Ya que parte de técnicas y posibilidades existentes en el medio local, que de acuerdo con las características agroclimáticas, la situación económica y social de cada lugar, adopta técnicas y formas de manejo diferentes, pero siempre procurando una agricultura rentable y en armonía con el medio ambiente (Altieri y Nicholls, 2000). En este sentido, el agroecosistema se considera la unidad de análisis del enfoque agroecológico, definiéndose como un sistema resultante de la integración de factores ambientales vivientes y no vivientes, por lo que no se puede concebir, partiendo exclusivamente del aspecto biológico que lo compone, sino que debe complementarse con los componentes socioeconómicos (Hernández et al., 1985). Así entonces, la agroecología no sólo considera un panorama unidimensional de la genética, la agronomía y la edafología de los agroecosistemas, para comprender los niveles ecológicos y sociales de la coevolución, la estructura y la función, sino que enfatiza la interrelación de todos los componentes del mismo, así como las complejas dinámicas de los procesos ecológicos (Rosset, 1998). Con lo anterior, México se encuentra en un camino desafiante por lo que, la agroecología no sólo se debe considerar como una alternativa aislada, sino que además, se debe complementar con un cambio político-ideológico de los responsables de la planeación nacional.

El Estado versus el Estado de la sociedad capitalista
Aristóteles (sf) en su libro Política menciona que todo Estado es una asociación en vista de algún bien, ya que los hombres, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Por consiguiente, las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado. En este sentido, la asociación entre pueblos forma un Estado completo, que llega a bastarse absolutamente a sí mismo, teniendo por origen las necesidades de la vida, y debiendo su subsistencia al hecho de ser éstas satisfechas. Así, el Estado procede siempre de la naturaleza, lo mismo que las primeras asociaciones, cuyo fin último es aquél; porque la naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia –se trate de un hombre o de una familia– Es decir, este destino y este fin de los seres es para los mismos el primero de los bienes, y bastarse a sí mismos es, a la vez, un fin y una felicidad. Con ello, el Estado es un hecho natural, ya que el hombre es un ser naturalmente sociable.

Por otra parte Hirsch (2005) menciona que el Estado no sólo se conforma por partidos políticos, gobiernos y parlamentos, los tribunales, el ejército y la policía, ya que a través de la historia no siempre existieron estados en un sentido contemporáneo –no toda dominación política se configura en forma de “estados” separados de la “sociedad”– En este sentido, la estructura a la que se le denomina Estado tuvo su origen en la sociedad burguesa capitalista y representa una de sus características estructurales fundamentales. De este modo, el Estado, se puede considerar como una forma de dominación, a raíz de su disposición en un aparato de poder autónomo y centralizado, separado de la sociedad y la economía, y con esto se diferencian “política” y “economía” como esferas funcionales de la sociedad. La sociedad capitalista se sostiene materialmente y se desarrolla con base en la producción privada, el trabajo asalariado y el intercambio de bienes y servicios; obteniendo su coherencia y dinamismo de la apropiación privada, mediatizada por el mercado y del proceso de revalorización del capital (plusvalor); todo ello impulsado por la coerción de maximizar la ganancia, así la acumulación del capital determina de manera esencial las estructuras y los desarrollos sociales, la modificación de las situaciones sociales, las condiciones de y la división del trabajo y la forma del progreso tecnológico. Con ello, los seres humanos –trabajadores asalariados, empresarios, campesinos o comerciantes– se encuentran sometidos a interrelaciones, en las cuales no tienen la libertad de elegir ni modificar. La sociedad capitalista entonces se definiría por la relación de competencia entre los propietarios de la mercancía, así como por los antagonismos entre las clases y grupos sociales, la comunidad política no se establece de manera directa, sino por lo contrario, es a partir de conflictos, disputas y luchas, lo que impide que sus integrantes decidan de forma libre respecto a sí mismos, su relaciones mutuas y su desarrollo común. Develando la existencia de dos formas sociales dentro del capitalismo, una la del valor, que se expresa en dinero y la segunda en forma política, donde el Estado se encuentra separado de la sociedad (Hirsch, 2005).

En el caso de estudios referentes al Estado, Bobbio y García (1985) señalan que existen dos fuentes principales para hacerlo, una es la historia de las instituciones políticas y la otra la historia de las doctrinas políticas […] En este sentido, la historia de las instituciones se desarrolló después que la historia de las doctrinas, de manera que frecuentemente los ordenamientos de un sistema político determinado han sido conocidos mediante la reconstrucción, la deformación o idealización hecha por los escritores. Con base en lo anterior, es relevante considerar que el estudio del Estado representa diferentes posturas doctrinales de la política y de la evolución de las instituciones. Es decir, visiones e idealizaciones doctrinales que han sido parte en las luchas políticas de la sociedad y que permanecen inmersas en los análisis de los fenómenos políticos (Bolívar, 2010). En este sentido, la concepción dinámica de lo político considera a la vida política como un proceso continuo de acciones y reacciones, provenientes de los titulares y poseedores del poder, que, condicionándose entre sí, dan por resultado un régimen político específico y concreto, integrado por instituciones. De este modo, los enfoques neopluralista como el pluralista para el estudio de políticas, consideran a las fuerzas sociales organizadas, como fenómenos normales de la vida política y factores del proceso y del régimen político (Ferrando, 1973).

Los grupos de presión son fenómenos normales de la vida política, implicando el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de grupos sociales intermedios entre el individuo y el Estado. Sin embargo la democracia pluralista no cobra estado de naturaleza más que a condición de que el Estado reconozca la multitud de grupos que representan colectivamente la variedad infinita de los intereses de los miembros en la comunidad estatal y que admita que son fenómenos normales, no patológicos. Con ello, se genera una crisis del concepto de interés público, a raíz del recelo formalista hacia toda suerte de grupos que pudieran interponerse entre el individuo y el Estado, contaminando la asepsia de la voluntad general, nacional o popular, con intereses particulares, traduciéndose en cierta forma en un fin de las ideologías. De esta manera, es conveniente aclarar que, la noción de interés público es variable, para cada sociedad en un determinado tiempo, con generaciones y ciudadanos que forman la idea de cuáles deberían ser los imperativos para regir la vida de la comunidad (Idem).

Aristóteles establece que la “forma de gobierno” (politéia), es también llamada “constitución” definiendo a ésta como “la estructura que da orden a la ciudad estableciendo el funcionamiento de todos los cargos y sobre todo de la autoridad soberana”. Siendo así, la constitución es la ley fundamental de un Estado, es decir, ésta determina cuáles son sus órganos, funciones y relaciones reciprocas, de este modo, Aristóteles señala que (Bobbio, 1987):

“Ya que constitución y gobierno significan lo mismo y el órgano de gobierno es el poder soberano de la ciudad, es necesario que el poder soberano sea ejercido por una persona o unos pocos o la mayoría. Cuando el uno, pocos o la mayoría ejercen el poder en vista del interés general, entonces forzosamente esas constituciones serán rectas, mientras que serán desviaciones los que atienden al interés particular de uno, de pocos o de la mayoría […] Tenemos la costumbre de llamar monarquía al gobierno unipersonal que atiende al interés general, y aristocracia al gobierno de pocos […] cuando se propone el bien común; cuando es el mayor número el que gobierna atendiendo al interés general recibe el nombre común a todas las constituciones politia […] Las degeneraciones de las mencionadas formas de gobierno son: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, y la democracia de la política. La tiranía, en efecto, es una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia el de los ricos y la democracia hacia el interés de los pobres. Pero ninguna de ellas atiende al provecho de la comunidad”.

En México se carece de un concepto claro de Estado, siendo ejemplo: 1) la Ley de Desarrollo Rural Sustentable donde en su Artículo 3° lo establece como:”Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios”; y 2) el Diccionario de Términos Parlamentarios de la Secretaria de Gobernación (SEGOB, 2017) en el cual se encuentran tres conceptos de igual modo utilizables –incertidumbre– para la planeación de políticas, sin definir uno en específico:

1) Estado es un concepto vinculado a otras ideas como las de nación, sociedad, gobierno y pueblo. Existen tantas versiones de Estado como proyectos ideológicos entran en juego en el mundo de las ideas y de la acción. Sin embargo, hay coincidencia al conceptualizarlo como un cuerpo político caracterizado por ser una organización dotada de la capacidad para ejercer y controlar el uso de la fuerza en un periodo determinado y sobre un territorio dado. 2) Los especialistas conciben al Estado como una realidad social: hombres asentados en un territorio, con una organización montada sobre un núcleo de poder, unificado por una suprema unidad de decisión e informado por una idea del derecho que se realiza en un sistema jurídico. La teoría clásica establece como componentes constitutivos del Estado: el pueblo, el territorio, el poder político y la soberanía. 3) Es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. El Estado es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el espacio de la coacción legítima. En el Estado moderno, el verdadero dominio consiste en el manejo diario de la administración que se encuentra en manos de la burocracia, militar y civil. Para Max Weber, el Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima, mientras que para Gaetano Mosca el Estado surge de la siguiente premisa: “donde haya hombres habrá una sociedad, y donde esté una sociedad habrá un Estado. Esto es, una minoría dirigente y una mayoría que es dirigida por aquella”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sido considerada pionera del constitucionalismo social, a raíz de abordar temas como la educación, el reparto agrario y los derechos de los trabajadores. Sin embargo con la crisis del Estado benefactor en la década de los años 70[5], se inició el impulso al modelo neoliberal, el cual requirió de una estrategia política fundamentada en cinco ejes: i) retiro de la protección de la fuerza de trabajo y su sometimiento a la ley de la oferta y la demanda para contener su costo; ii) retiro del Estado de las actividades económicas y la privatización de aquellas que puedan otorgar beneficios a particulares; iii) apertura comercial al mercado internacional acompañado de la liberalización financiera; iv) desentendimiento del Estado de los problemas de la desigualdad social mediante la eliminación de subsidios y de las instituciones de seguridad social; y v) la reorientación de las funciones del banco central hacia el control de la inflación, otorgándole autonomía y limitando el uso de recursos para el desarrollo social (Carrillo, 2010; Hernández et al., 2010). Lo anterior es notorio a través de lo que establece el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM, 2014) señalando que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución […] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación […] Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente […] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución”.

En lo que respecta al sector agrícola la reforma constitucional al artículo 27 en 1992 significó eliminar la reforma agraria, someter la tierra a la ley de la oferta y la demanda permitiendo nuevamente la acumulación de tierra y el latifundio, con ello, a pesar de que en el discurso se continúa protegiendo al campo, la realidad es otra, se continua trasladando las dinámicas del libre mercado a las relaciones sociales que se producen dentro de él (Carrillo, 2010; Hernández et al., 2010).

Por lo tanto las políticas públicas[6] formuladas e implementadas por el neoliberalismo en México, han desestimulado al sector agrícola, de manera que se plantea más factible importar alimentos para compensar su déficit. Ejemplo de ello, ha sido PROCAMPO, el cual fue diseñado para hacer frente a la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, no logró los objetivos propuestos, ya que con éste, México reafirmaba su carácter de país importador de alimentos (Trujillo et al., 2007). Ejemplo de ello, es la disminución drástica de la superficie sembrada con granos estratégicos como el trigo, registrando 37.8% menos a nivel nacional respecto a la firma del TLCAN, así el Estado mexicano pretende subsanar esta caída en la producción con el mejoramiento del rendimiento por hectárea, presionando de este modo, los agroecosistemas por la aplicación indiscriminada de agroquímicos (Zagoya et al., 2017). Toledo y Ortiz (2014) consideran que existen cuatro tipos de sociedades: a) las estatistas, en las cuales el poder político somete a los poderes económico y social; b) las neoliberales, donde el poder económico minimiza a los poderes social y político; c) las socialdemocracias, quienes persiguen un equilibrio entre los poderes político y económico, pero omiten el social; y d) sociedades sustentables, donde el poder social controla los poderes económico y político.

Así México, evidentemente se puede considerar como una sociedad neoliberal. En este sentido López (2016) señala que para alcanzar estructuras productivas eficientes, que armonicen y hagan compatibles la igualdad y la protección ambiental, es necesario un nuevo sistema de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, regional, nacional y local. Sin embargo Santos (2016) menciona que actualmente se vive un proceso de transición de un capitalismo monopólico de Estado a una supremacía (EEUU, China, Europa) de Estado sobre los grandes monopolios, por lo tanto, esta nueva estructura de poder necesitará el apoyo de las mayorías sociales para intervenir sistemáticamente en la “orientación de las acciones” del Estado. De esta manera, muy probablemente los técnicos (tecnócratas) buscarán privatizar a su favor y en el del poder acumulado por el Estado. En este sentido, Sotelo (2017) afirma que el neoliberalismo, configuró a México como una semicolonia de Estados Unidos, a raíz de la desnacionalización y transnacionalización de la economía, así entonces se presentó una pérdida de independencia política formal frente a los países imperialistas, con ello el Estado cedió funciones rectoras al capital internacional, reflejándose en una reestructuración a fondo de su sistema, integrándose de manera subordinada al aparato productivo estadounidense, así como la consolidación del neocolonialismo y la dependencia.

Comentarios finales
La política del Estado mexicano en la agricultura, a pesar de autopostularse como dirigida a la búsqueda del desarrollo sustentable, presenta incongruencias, inconsistencias y vacíos teóricos, y por consiguiente metodológicos, entre sus postulados discursivos y la implementación. La poca claridad conceptual en términos clave como lo son desarrollo, desarrollo sustentable y agroecología develan que la política del Estado resulta ser un instrumento más de la política promotora del neoliberalismo actual a nivel global, otorgando amplio poder de decisión a los grandes corporativos en la planeación del agro mexicano, el cual se fundamenta exclusivamente en la más alta productividad y la acumulación de riqueza, ignorando así la existencia de los limites sociales y ecológicos.

Con base en lo anterior, es notorio que no sólo es suficiente la “voluntad” de retomar políticas que impulse nuevamente la intervención del Estado y el papel prioritario de los pequeños agricultores y campesinos, haciendo a un lado los postulados del neoliberalismo, sino que, esa voluntad se debería de ver reflejada en acciones específicas a través de los movimientos sociales, en el sentido de que, es probablemente la única opción real en la búsqueda de alternativas.

Dedicado con afecto a Karina Yanely.

Literatura citada

Allen, P., D. Van Dusen, J. Lundy and S. R. Gliessman. (1991). Integrating social, environmental, and economic issues in sustainable agriculture. American Journal of Alternative Agriculture 6:34-39 pp.

Altieri, M. A. y C. Nicholls. (2000). Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura sustentable. PNUMA. México. 113-123 pp.

Aristóteles, A. (sf). La política. En línea: http://www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/libros/Aristoteles/Politica.pdf. Consultado: Septiembre 2017.

Banco de México (BM). (2017). Glosario. En línea: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#D. Consultado: Septiembre 2017.

Becerra L, F. Á. y Pino A, J. R. (2005). Evolución del concepto de desarrollo e implicaciones en el ámbito territorial: experiencia desde Cuba. Economía, Sociedad y Territorio. 5(17):85-119 pp.

Bobbio, N. y García, L. S. (2001). Estado, gobierno, sociedad. Movimiento Cultural Cristiano. En línea: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34011887/cspoliticas2008resumodestp1azna.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505969747&Signature=%2F8QQLp1c4S0zTehI7rpW5gv%2FI1A%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DC_lasesATodaHora.com.ar.pdf. Consultado: Septiembre 2017.

Bobbio, N. (1987). La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. En línea: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33067139/NORBERTO_BOBBIO-LA_TEORIA_DE_LAS_FORMAS_DE_GOBIERNO_EN_LA_HI.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1507606272&Signature=mRW9K1jMrb6NDbKyOOERRcyctjk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTraduccion_de_XX.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Boisier, S. (1996). Modernidad y territorio. En línea: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9712/1/S9591083_es.pdf. Consultado: Febrero 2016.

Bolívar, I. J. (2010). Formación del Estado y biografía de las categorías. Nómadas. 33:93-107 pp.

Brenner, L. (2010). Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas Naturales Protegidas mexicanas. Revista Mexicana de Sociología.72:283-310 pp.

Cardozo B, M. (2006). La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social en México. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, DF. 374 p.

Carrillo N, J. J. (2010). La transformación del proyecto constitucional mexicano en el neoliberalismo. Política y cultura. 33:107-132 pp.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). (2014). Última reforma publicada Septiembre 2015. En línea: http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf. Consultado: Abril 2016.

Delgadillo M, J., Torres T, F. y Gasca Z, J. (2002). Vigencia y actualidad del desarrollo regional en México en Delgadillo M, J. y Iracheta C, J. (coords.), Actualidad de la investigación regional en el México Central, México: CRIM-UNAM-El Colegio Mexiquense-El Colegio de Tlaxcala-Plaza y Valdés Editores. 35 p.

Dembicz, K. (2004). Los conceptos de la región y el desarrollo regional en el pensamiento socioeconómico de la CEPAL. Actas latinoamericanas de Varsovia. 27:69-76 pp.

Féret, S. y B Vorley. (2001). Agricultura y desarrollo sostenible. Cuadernos de propuestas para el siglo XXI. En línea: http://infotek.alliance21.org/d/f/2059/2059_SPA.pdf. Consultado: Marzo 2016.

Ferrando B, J. (1973). Enfoques en el estudio de las ciencias políticas. Revista de Estudios Políticos. 187:9-63 pp.

Foladori, G. (2002). Avances y límites de la sustentabilidad social. Economía, Sociedad y Territorio. 3(12):621-637 pp.

Foladori, G. (1999). Sustentabilidad ambiental y contradicciones sociales. Ambiente & Sociedade, (5). En línea: http://tallerdesustentabilidad.ced.cl/wp/wp-content/uploads/2015/04/Sustenabilidad-Ambiental-y-Contradiciones-Sociales-Guillermo-Folladori.pdf Consultado: Marzo 2016.

Gliessman, S. R., F. J. Rosado-May, C. Guadarrama Z., J. Jedlicka, V. E. Méndez, R. Cohen, L. Trujillo, C. Bacon, A. Cohn y R. Jaffe. (2007). Agroecología: promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. Ecosistemas.16:0 p.

Harlem, B. G. y M. Khalid. (1988). Nuestro futuro común. Alianza editorial, Madrid, España. 460 pp.

Hernández, A. O., Andrade, M. L. y Valverde, B. R. (2010). Agricultura y crisis en México: treinta años de políticas económicas neoliberales. Ra Ximhai, 6(3):323-337 pp.

Hernández M, G. (2006). Diccionario de Economía. U. Cooperativa de Colombia. 112 pp.

Hernández X, E., En: Hernández X., E. y A. Ramos R. (1985). Graneros de maíz en México. En: Xolocotzía, Tomo I. Universidad Autónoma de Chapingo, México. 423 pp.

Hirsch, J. (2005). ¿Qué significa estado? reflexiones acerca de la teoría del estado capitalista. Revista de Sociología e Política. 24:165-175 pp.

López S, F. (2016). América Latina:crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha. CLACSO. En línea: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D11890.dir/America-Latina-Crisis-del-neoliberalismo.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Martínez A, J. y Roca J, J. (2003) Economía ecológica y política ambiental. México: Fondo de Cultura Económica.

Meadows, D., D. Meadows H. L. y J. Randers. (1992). Más allá de los límites del crecimiento. Ediciones el país, S. A. / Aguilar, S. A. Madrid, España. 355 pp.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2017). El estado mundial de la Agricultura y la alimentación: Aprovechar los sistemas alimentarios para lograr una transformación rural inclusiva. En línea: http://www.fao.org/3/a-I7658s.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2016). El estado mundial de la agricultura y la alimentación: cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. En línea: http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf Consultado: Octubre 2016.

Ornelas D, Jaime. (2012). Descolonizando el desarrollo. En Pérez S, A. y Hernández C, C. (Coordinadores), Desarrollo y Territorio. Abordajes teóricos-metodológicos y expresiones socioterritoriales. El Colegio de Tlaxcala y Universidad Autónoma de Tlaxcala. México. 1-26 pp.

Pierri, N. (2005). Historia del concepto de desarrollo sustentable. ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. En línea: http://ojs.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/sustentabilidad/Sustentabilidad5.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. (2013). En línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36671/Pronades_2014-2018_VF_13_05_14.pdf. Consultado: Septiembre 2017.

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018. (2013). En línea: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUALES%20Y%20PLANES/Programa_Sectorial_SAGARPA_2013-2018%20(1).pdf Consultado: Diciembre 2016.

Riella, A. y Mascheroni, P. (2015). Asalariados rurales en América Latina. CLACSO. En línea: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20151229035324/AsalariadosRuralesEnAmericaLatina.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Rosset, P. M. (1998). La crisis de la agricultura convencional, la sustitución de insumos y el enfoque agroecológico. Food First. Institute for Food and Development Policy. En línea: https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/La-crisis-de-la-agriculturaconvencionalRosset.pdf Consultado: Octubre 2016.

Santos, T. (2016). Desenvolvimento e civilização:homenagem a Celso Furtado. CLACSO. En línea: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160330040647/Desenvolvimento_e_civilizacao.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). (2012a). Memoria documental del programa “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) 2010-2012”. En línea: http://www.sagarpa.gob.mx/Transparencia/PNRCTCC/PNRCTCC%202012/Memoria%20MasAgro%202010-2012%20PDF.pdf. Consultado: Febrero 2014.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). (s.f). Catálogo de productos y nomenclaturas. En línea: http://conservacion.cimmyt.org/index.php/es/component/docman/doc_download/838-catalogo-de-nomenclaturas. Consultado: Noviembre 2015.

Secretaria de Gobernación (SEGOB). (2017). Diccionario de Términos Parlamentarios. En línea: http://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Diccionario/verDiccionario Consultado: Septiembre 2017.

Sotelo V, A. (2017). México desahuciado: dependencia, régimen político y luchas populares. CLACSO. En línea: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170809024640/Mexico_desahuciado.pdf Consultado: Septiembre 2017.

Toledo, V. M. y Ortiz E, B. (2014). México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad: una geopolítica de las resistencias bioculturales. En línea: http://www.iberopuebla.mx/i3ma/ebook/regiones/files/assets/common/downloads/publication.pdf Consultado: Octubre 2016.

Trujillo F, J. D., Schwentesius R, R. y Gómez C, M. Á. (2007). Las políticas agrícolas de EUA, la Unión Europea y México: resultados de las reformas. Análisis Económico. 22(50):35-56 pp.

Von der Weid, J.M. (1994). Agroecología y agricultura sustentable. Centro Latino Americano de Desarrollo Sustentable. Agroecológica y Desarrollo. En línea: http://www.clades.cl/revistas/7/rev7art2.htm. Consultado: Marzo 2016.

Zagoya M., J.; María R., A.; López Z., R. J. 2017. Producción de cereales 1980-2015 reformas constitucionales, el TLCAN, MasAgro y la agricultura convencional primera parte: nacional. En Jarquín G, R. y Huerta P, A. 2017. La agricultura sostenible como base para los agronegocios. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México.1321-1328 pp.

Zambrano M, A. C. (2008). Paradigmas del desarrollo regional: teoría y métodos de un futuro posible. Multiciencias, 8:242-247 pp.

NOTAS

[1] La dependencia es una categoría del pensamiento social latinoamericano; indica la ubicación subordinada de los países de la región dentro de la división del trabajo en el sistema capitalista mundial (Sotelo, 2017).

[2] El concepto de región es fundamental para el entendimiento adecuado del desarrollo regional. La región es un espacio socialmente construido –caracterizado por una estructura dinámica– diferente a ésta que la rodea gracias a los rasgos del conjunto que crea Dembicz (2004).

[3]La sustentabilidad ecológica corresponde al concepto de conservación de la naturaleza, en el sentido de naturaleza externa al ser humano; La sustentabilidad económica trataría de sustituir crecientemente los recursos naturales no renovables por los renovables, y también de disminuir tendencialmente la contaminación: La sustentabilidad social resalta la importancia de la participación social y del aumento de las potencialidades y cualidades de las personas en la construcción de un futuro más justo (Foladori, 2002).

[4]MasAgro es un programa que impulsa la agricultura de pequeña escala –el programa no especifica si considera a campesinos– con la finalidad de incrementar entre cinco y nueve millones de toneladas la producción anual de maíz de temporal y en 350 mil toneladas la cosecha de trigo. Sus propósitos son ampliar las capacidades productivas de los pequeños agricultores de maíz y trigo, asegurar mejores rendimientos que contribuyan a la suficiencia alimentaria en ambos cultivos y hacer frente a los efectos del cambio climático y el deterioro del medio ambiente, a través de prácticas agronómicas sustentables (agricultura de conservación y precisión), además de tener impacto en el ingreso, el empleo y el arraigo en el medio rural (SAGARPA, 2012).

[5] La generalización de la crisis capitalista de onda larga. El encadenamiento clásico de desinversión productiva, estancamiento, desocupación, baja salarial, especulación, y, en este caso, una gran inflación, dio paso a iniciar el proceso de desestructuración del Estado de bienestar, que aún está en curso. (Pierri, 2005).

[6] En este sentido, y a partir de aquella necesidad se acuña el concepto de “políticas públicas”, que en el marco del modelo neoliberal y aplicado a los sectores económicos, sugiere dar por supuesto que la política económica real es que no debe existir una como tal, en este caso una política agrícola; esto es, no más intervención del Estado en la economía. En años recientes ya no se habla de una política agrícola, virtud por la cual, más que favorecer a los productores o sectores más desprotegidos, las medidas aplicadas por el Estado actualmente están orientadas al productivismo, estimulan la producción de más alta eficiencia y rentabilidad económica (Martínez y Roca, 2003) y esto tiene que ver con la visión de que es más factible importar alimentos para compensar los déficits; lo que genera condiciones desfavorables y coloca en condiciones de desventaja a los productores de bajos ingresos.

RESÚMENES CURRICULARES DE LOS AUTORES

Joaquín Zagoya Martínez
Mexicano, Maestro en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, México. Actualmente es estudiante de  5° semestre del doctorado en Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala, A.C, México. Realizó una pasantía de investigación en el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, República Federativa del Brasil. Cuenta con publicaciones relacionas al desarrollo sustentable, comunitario y rural. Sus líneas de investigación son políticas relacionadas al sector agrícola.

Andrés María Ramírez
Mexicano, Doctor en Fertilidad de Suelos por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, México. Profesor-Investigador y director del Centro de Estudios de Medio Ambiente y Sustentabilidad de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Su línea de investigación es Medio Ambiente y Desarrollo, efectuando trabajos relacionados a la milpa tradicional mesoamericana; variedades nativas de maíz; producción de granos básicos.

María de Lourdes Hernández Rodríguez
Mexicana, Doctora en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, por El Colegio de Postgraduados Campus Puebla, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y Profesor-Investigadordel Centro de Estudios de Medio Ambiente y Sustentabilidad (CEMAyS) de El Colegio de Tlaxcala, A.C.

Rafael de Jesús López Zamora
Mexicano, Doctor en Economía Política del Desarrollo, por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social. Facultad de Economía-CEDES-BUAP. Profesor-Investigador y director del Centro de Estudios en Desarrollo Regional y Análisis Económico (CEDRAE) de El Colegio de Tlaxcala A.C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I.