A Estados de Excepción, propuestas excepcionales.

Resumen
La crisis producida por el coronavirus y el enorme poder constitucional que, de un día para el otro, otorgó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, sumido en un descrédito total por su gestión de la crisis social, se analiza desde una perspectiva más holística; es decir, uniéndola a la otra crisis que, aunque sumergida por la emergencia sanitaria, está siempre latente: el llamado Estallido Social. En este escenario se delinean las posiciones en el tablero político.

Palabras claves: Estallido Social, abuso de poder, pandemia, crisis.

Es difícil encontrar en democracia un Presidente en Chile que haya tenido tanto poder como el que tiene Sebastián Piñera desde que decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para gestionar la crisis sanitaria por el coronavirus, Covid-19. Pero lo extraordinario no es usar este instrumento constitucional para aplicar la estrategia contra la pandemia, sino que en Chile se decreta en la cima de una crispación social sin precedentes en la era posdictadura, lo que le permite a Sebastián Piñera instalar el ejército en las calles, poner toque de queda y confinar a millones de personas, silenciando de un día para otro el Estallido Social.

Qué duda cabe que un Estado de Excepción en el contexto de un estallido social, se puede percibir más como un atentado a las libertades constitucionales de la ciudadanía que como un marco constitucional legítimo para gestionar la crisis sanitaria. Es más, con la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la democracia, como el Congreso marcando un 7%, y con el Presidente Sebastián Piñera recibiendo un 6% de apoyo, el total control estatal de las libertades de los ciudadanos bajo el Estado de Excepción se instaura dentro de una relación de empatía invalidada entre los poderes del Estado democrático, sus representantes y la ciudadanía. Los efectos de este cortocircuito sistémico en la confianza entre Estado y ciudadanos por la crisis social, ya ha tenido un efecto perverso. El cualificado representante de la insensibilidad social y el que está dirigiendo la gestión de la crisis sanitaria, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con motivo del fracaso en el seguimiento de la ciudanía de las normativas para el control de la pandemia ha declarado que “(después del Estallido Social) decirle a la gente que confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta, es muy difícil” (…) “no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía, transparente y de buena fe”. Esta desconfianza generalizada, en la cual él ha hecho una gran contribución, puede hacer fracasar la estrategia para vencer la pandemia. Una paradoja política perfecta.

Tampoco hay dudas de que los poderes excepcionales le otorga una oportunidad incalculable a Sebastián Piñera para reposicionarse y, en el mejor de los casos, recuperar apoyo ciudadano, sabiendo que, históricamente en crisis históricas del calado de la sanitaria la población tiende a unirse en torno a un liderazgo ya institucionalizado.

Sin embargo, los poderes excepcionales del Presidente Sebastián Piñera para gestionar la crisis sanitaria no pueden prestarse para tentaciones autoritarias. La operación política (hasta ahora fallida) para no llevar a cabo el plebiscito constituyente ―ya postergado para octubre― argumentando que es inviable en una crisis sanitaria y/o económica, ilustra muy bien el aprovechamiento del Estado de Excepción por los que rechazan una nueva Constitución. Por otra parte, el sorprendente envío al Congreso ―en medio de la catástrofe sanitaria― del diseño de un nuevo orden en la relación militar y policial con la ciudadanía en estados de excepción, parece más surgido de un desquiciado adicto a la represión que a un intento de mejorar las relaciones entre militares y civiles. Además, el secretismo oficial de información a la comunidad científica, imprescindible para los modelos matemáticos en la cuantificación de la pandemia, es tan inexplicable como inaceptable. Si se niega a la comunidad científica información imprescindible, ¿qué le queda al ciudadano “de a pie”? La transparencia de los datos es esencial si se exige responsabilidad ciudadana en la superación de la crisis sanitaria, aunque la relación ciudadanía-poder institucional en Chile esté destrozada. O por eso mismo, para comenzar a construir una nueva relación de credibilidad recíproca.

A pesar de estas graves irregularidades, lo que debe quedar claro es que la superación de esta crisis es responsabilidad de toda la llamada clase política, que debe hacer los máximos esfuerzos para recobrar la credibilidad de la ciudadanía, porque sin la cooperación de todos y todas la crisis sanitaria no se podrá solucionar sin una catástrofe mayúscula. El Covid-19 no reconoce convulsiones partidistas ni discrimina a quién contaminar o matar, aunque sí muestra las discriminaciones socioeconómicas estructurales ya que son los más pobres ―países y personas― los que masivamente están falleciendo, mostrando con claridad las deficiencias de los sistemas económicos en salud y la injusticia social orgánica. Por esta razón, y a pesar de la enorme tensión política larvada en el subsuelo de la realidad social y política chilena ―el Estallido Social congelado por la emergencia sanitaria― todos los agentes sociales deben unirse y aparcar la crispación política para mantener un grado de paz social y confianza recíproca que permita superar, tanto la pandemia como la crisis económica que ha provocado, de la mejor forma posible.

Sin embargo, la unidad instrumental de toda la clase política mientras dure la emergencia sanitaria y la reconstrucción económica, no debe sacrificar la legítima crítica constructiva y propositiva. El apoyo total de la oposición al gobierno en la gestión de la crisis sanitaria y económica, no implica entregarle un cheque en blanco.

Por el liderazgo de Sebastián Piñera diabólicamente vertical, personalista y megalómano endémico maximizado bajo la crisis sanitaria que lo incapacita para convocar el dialogo social, es la oposición, junto a los sindicatos de trabajadores, las organizaciones empresariales y representantes de todas las organizaciones sociales, la que debería proponer un marco de entendimiento político básico lo más amplio posible para superar no sólo la crisis sanitaria y económica, sino también la social e institucional. La propuesta de la oposición para apoyar la gestión de las crisis sanitaria y económica, debe incluir un Contrato Social como carta de navegación para que, en forma gradual y garantizada, se vayan eliminando las asimetrías socioeconómicas. Un acuerdo de este tipo daría una clara señal de responsabilidad política con la agenda que instaló el Estallido Social y pondría las bases de la reconstrucción de la confianza ciudadana a las instituciones de la democracia.

El Estallido Social ―que es la expresión concluyente de que las desigualdades socioeconómicas son ya insoportables para las grandes mayorías―, continuará en carne viva si no se materializan sus reivindicaciones, y Chile no tendrá ni cohesión ni paz social, esenciales para el buen desarrollo del proceso económico en una sociedad con democracia desarrollada.

El Estallido Social, la crisis sanitaria y la debacle económica que ha producido, es una oportunidad para crear nuevos parámetros económicos y políticos de entendimiento democrático que no pueden ser los de antes del 18 de octubre de 2019. Estas crisis históricas nos obligan a ser más creativos en la construcción de un nuevo sistema que cuaje en uno más solidario y sustentable donde la economía no funcione ni en detrimento de las grandes mayorías ni del medio ambiente. Sin embargo, de la salida en buenas condiciones tanto de la crisis sanitaria como de la económica, dependerá el éxito de las reformas estructurales que exige el Estallido Social que, sin duda, se descongelará rápidamente una vez superadas las dos crisis. O antes.