¿Es posible un Estado social en Chile?

Publicado también en Primera Línea (La Nación)
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Los gobiernos de la Concertación han implementado políticas públicas porque han comprendido que es improductivo jugarse todo a la única carta del neoliberalismo ortodoxo de potenciar sólo al mercado, en detrimento del Estado, más aún en una economía globalizada turbulenta y de fuerte agresividad competitiva. Al otro extremo de esta propuesta política se ubica el planteamiento de la derecha que maximiza y sobrevalora sólo el crecimiento económico del mercado como única posibilidad para que el “chorreo” automático de la riqueza caiga hacia las capas sociales más vulnerables, abandonando al Estado como garante del bien común.

Una conducta prudente sería otorgar la posibilidad de agregar otras propuestas a esta única carta económica con que ha navegado el Chile posdictatorial los últimos 19 años de administración centroizquierdista ininterrumpidos. Sería conveniente examinar con detalle y en profundidad una reforma tributaria si de verdad se quiere financiar un Estado social de bienestar básico dotándolo de por lo menos un 35% del PIB (actualmente según datos oficiales tiene sólo el 18%). Este PIB del Estado lo tienen todos los países desarrollados europeos; Japón, que no tiene una carga fiscal alta, se endeuda por sobre el 150% de su PIB para financiar el gasto social.

Este debate de reforma estructural del sistema tributario chileno debe partir ya si en verdad existe voluntad política para modificar, en positivo, el modelo en forma estructural. Un sistema tributario progresivo solidario donde los que tienen más pagan más y reciben menos (porque ya lo tienen todo y en abundancia y pueden continuar teniéndolo y haciendo crecer su riqueza) y los que tienen menos pagan menos y reciben más (porque no tienen casi nada). Es la única receta ―no se ha inventado otra hasta la fecha― para financiar, y garantizar, en forma segura los derechos sociales en salud, educación, vivienda y pensiones universales y de calidad. La otra receta es el endeudamiento como ya mencionamos adopta entre otros Japón.

Uno de los logros de la era concertacionista ha sido esta tentativa de conjugar una política económica social de mercado (la derecha sustrae el concepto social) con programas públicos de envergadura (AUGE, Chile Solidario, pensión solidaria y salud universal para mayores de 60 años, etc.). Esta política económica ha recogido aciertos loables como la disminución sostenida de la pobreza. También está en proceso un gran esfuerzo en áreas estratégicas como la educación y la salud para alcanzar más calidad en los recursos humanos, dos áreas esencialísimas para dar el salto al desarrollo. Esta forma de administrar la economía de mercado con un programa social potente nos indica que es la forma más adecuada en esta coyuntura histórica para articular y plasmar un proyecto político preocupado en la distribución justa de la riqueza y del ingreso, y deja sin argumentos a sus detractores, tanto a la izquierda como a la derecha de la Concertación que no ofrecen ningún proyecto viable, equilibrado y destinado a las grandes mayorías.

En fin; Chile no escapa al dilema posmoderno que corroe a todos los países en vías de desarrollo: el crecimiento económico está convirtiéndose en crecimiento con inequidad, debido a contradicciones intrínsecas en el sistema neoliberal que otorga al crecimiento económico por sí mismo la facultad de terminar con la pobreza, pero que los datos empíricos muestran una reproducción de la distribución asimétrica de la riqueza y del ingreso en todo el mundo y, en Chile en especial, convertido en uno de los países más desiguales del mundo, a pesar, o por eso, de la enorme riqueza creada los últimos 19 años.

Este es un debate político que debe darse ya. El peligro es que se profundicen las desigualdades con un impacto muy negativo en la nueva clase media baja nacida en estos años posdictatoriales, la cual se mantiene en el filo de la pobreza en lo que se llama la “pobreza relativa”: teniendo un trabajo se vive siempre en un bajo y un arriba pendular de la línea de la pobreza por los sueldos basura, convirtiéndose en una línea-guillotina para las grandes mayorías.

¿Propuestas para ir mejorando esta experiencia chilena inédita en el mapa político y económico mundial? Transitorias, porque en política económica como en filosofía política no hay soluciones definitivas. Una política económica razonablemente posibilista con sensibilidad social es la que ha puesto en marcha en el Chile posdictadura o en el Brasil de Lula Da Silva, con aciertos y desaciertos, como toda empresa humana. Este conglomerado no ha tenido sólo el crecimiento económico como llave mágica para superar la pobreza, sino que ha implementado políticas públicas proactivas, sostenidas y muy equilibradas, viables financieramente y ajustadas al contexto actual del desarrollo económico chileno y a las limitaciones institucionales que se han heredado de la dictadura, aún en plena vigencia, como la Constitución. De esta forma son operativas subvenciones directas a la educación, a los programas sanitarios, a la seguridad jurídica, a las facilidades crediticias en vivienda social, etc.

No obstante, todo esto no basta para la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso en Chile (y en el mundo). Si ya sabemos que ni el mercado desregularizado ni el crecimiento económico por sí solos evitan que las desigualdades se reproduzcan, es urgente dotar al Estado de mayor fortaleza económica para garantizar los derechos en salud, educación, pensión y vivienda de calidad; ya lo hacen países de la Unión Europea, sistema apoyado por todo el arco político. La derecha dura chilena, que defiende el neoliberalismo ortodoxo aliada con el enorme poder de facto de los grupos económicos, dueña del capital, no debería temar a un estado más musculoso en solidaridad y con real poder económico para gestionar un sistema de bienestar social de calidad y universal para las grandes mayorías, los ejemplos están ahí en los países europeos como Francia, España o Suecia desde ya ocho décadas.

Un estado financieramente poderoso a través de un sistema tributario progresivo y solidario, no funciona en absoluto en detrimento de la esfera privada de la economía, sino todo lo contrario. Al ser el estado el que se hace cargo de los derechos básicos garantizados para las grandes mayorías (salud, educación, pensiones y vivienda, principalmente), otorga estabilidad política por tener cohesión y paz sociales, gobernabilidad asegurada y credibilidad en las instituciones del estado, condiciones todas determinantes para que el mercado opere sin problemas y con orden público garantizado. El área privada que otorga seguridad social, no se deprime con el estatal, ya que seguirá siendo usado mucho más si las grandes mayorías tienen un ingreso salarial mayor y los servicios sociales elementales cubiertos.

El crecimiento económico como panacea absoluto para solucionar todos los problemas sociales, se ha convertido en un dogma más, en una era después de finalizada la Guerra Fría en que se auguraba libre de esa plaga. Para acabar con este credo que reproduce la inequidad social, se requiere de estados potentes, con capacidad para hacer lo que el mercado y su crecimiento económico por sí solo no hace: distribuir la riqueza y el ingreso en forma equitativa. Crecimiento económico, sí, pero no a cualquier precio. Equidad social garantizada y respeto irrestricto al medio ambiente bajo un estado social económicamente poderoso, debe ser la propuesta no sólo de la centroizquierda chilena sino de, esperamos, una derecha social.

Mantener las desigualdades sociales indefinidamente, es alentar y afianzar la inestabilidad social y económica que gestan las revueltas sociales. Y con mucha razón.

Jaime Vieyra-Poseck