Propuesta para que el empresariado logre la posmodernidad democrática

Publicado también en Primera Línea (La Nación)
y elquintopoder.cl

Esta verdadera regresión ideológica permanente de la llamada clase empresarial chilena que se atrinchera automáticamente cuando escucha las palabras “dialogo social”, “justicia social”, “distribución justa del ingreso”, “negociación colectiva” o “reforma tributaria progresiva”, y amenazan enseguida con que estas reformas son un “peligro para el crecimiento económico y un atentado contra el empleo”; unas “restricciones para el buen desarrollo de la producción”; o lanzan campañas del terror con argumentos que resultan obscenos por ser ya exabruptos, como la “vuelta a la Unidad Popular” o el “caos social”, crean un escenario político no ya sólo absurdo sino esperpéntico.

Frente al apoyo del gobierno de Michelle Bachelet a los trabajadores/asalariados que piden mejores sueldos, la acusan de “populista”; y cuando le exigieron “mano dura” al gobierno contra los trabajadores/asalariados de la estatal Codelco en huelga pidiendo justicia social y el gobierno contestó que habría mano dura “solo contra los que estaban en contra de la justicia social”, acusan a la Presidenta de “falta de liderazgo”.

Este ánimo aniquilador de oposición sin tregua y de trincheras en todos los frentes que ha mantenido la clase empresarial-financiera chilena contra la implementación de, hasta ahora, una tímida justicia social, aún casi en zona 0, creando un clima político preocupante de animadversión contra la clase trabajadora/asalariada y el Ejecutivo, no se concilia con la realidad socioeconómica chilena y mundial, ni menos con la posmodernidad democrática del siglo XXI.

Porque si se hace un poco de historia, los gobiernos progresistas europeos en la última mitad del siglo pasado ―y en los momentos de más polarización de la Guerra Fría y, con seguridad, por esa polarización geopolítica global ― fueron los que institucionalizaron el diálogo social entre trabajadores/asalariados y empresarios/empleadores, sin exclusiones recíprocas y donde los derechos y obligaciones se repartieron en forma equilibrada por ambas partes. Este consenso y conciliación en grandes pactos sociales y como fundamento estratégico para el desarrollo y bienestar de las grandes mayorías, ha otorgado a los países donde se ha implementado un enriquecimiento económico, una paz y justicia sociales sin precedentes históricos, digna de sana envidia.

La institucionalización del diálogo social entre trabajadores/asalariados y empresarios/empleadores ha permitido la creación de la Sociedad del bienestar en Europa, que no es otra cosa que el programa de seguridad social con un estado solidario que trata contra viento y marea de aplicar Michelle Bachelet bajo la coyuntura y las condiciones chilenas e internacionales actuales. La conciliación de intereses entre estos dos agentes sociales y la implementación de la justicia social, es la condición sine qua non para que Chile supere el subdesarrollo. Sólo este entendimiento esencial y estratégico, que debe institucionalizarse, permitirá la justicia social y, con ello, una sólida paz social que hará que Chile se convierta en una potencia media regional en la periferia del capitalismo (“periferia” dicho no en forma peyorativa).

La clase empresarial chilena que queremos para Chile debe corregir, junto con la clase trabajadora, las asimetrías en sus relaciones negociadoras actualmente en favor, en términos absolutos, para los empresarios/empleadores. Esta anormalidad está anclada aún  ―y esto no puede dejar de sonrojarnos― en el siglo XIX incrustada en el siglo XXI.

Hay que bucear las causas reales que impiden este entendimiento y corregir los errores impropios de agentes sociales de esta envergadura en un país que pretende establecer un régimen de justicia social, que, por lo demás, debe exhibir para que pueda ingresar al selecto grupo de países civilizados, desarrollados y del posmodernismo democrático, más aún ahora que Chile consolida y pone en marcha los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, EE UU y otras potencias mundiales.

El actual estado de las asimetrías en Chile en la distribución del ingreso y en la repartición de la riqueza y del poder, basadas casi exclusivamente en la injusticia social y la falta de actualización y modernización del Estatuto de los Trabajadores, son impresentables para participar y competir de igual a igual en y con el mundo desarrollado.

Bachelet no se equivoca cuando hace un llamado a todas las fuerzas políticas para firmar un nuevo Pacto Social: “Tenemos que avanzar mucho más, porque no es posible que tengamos un país moderno, del siglo XXI en lo que es el desarrollo económico, en la competitividad, pero a la vez tengamos (…) condiciones laborales del siglo XIX”.

La clase empresarial chilena (y de todo el mundo) tienen como misión principal, contribuir a generar prosperidad y justicia social como fundamento de su ética y responsabilidad sociales, independientemente del partido político que gobierne, y establecer un desarrollo permanente y transparente de la democracia en su entorno. Todo esto es inviable si la clase empresarial chilena continúa en su caverna ideológica obsoleta y reaccionaria, muy cercana al pinochetismo más destructivo.

El apoyo de los empresarios a crear una sociedad con justicia social será un punto de inflexión en su propia historia y la de Chile como agente social. Tienen una oportunidad de oro para que comiencen a arar en un nuevo territorio, donde su credibilidad y legitimidad están en juego. La responsabilidad empresarial no debe ser con un partido político y menos con una ideología, sino, en primera instancia con los trabajadores/as y, a partir de allí, con toda la ciudadanía que tiene, hasta ahora en su conjunto, una opinión desastrosa de este importante agente social.

En apoyar un acuerdo transversal para financiar un Estado social, la clase empresarial se juega su credibilidad y legitimidad. Como también la paz y la cohesión social en Chile.

Jaime Vieyra-Poseck