Historia de Chile. Período 1958 / 2002. Segunda parte.

4.- El Gobierno de Facto
El 11 de septiembre de 1973 se constituye una Junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet e integrada por el general Gustavo Leigh, el almirante José Toribio Merino y el director general de Carabineros César Mendoza. En un principio la dirección de la Junta sería rotativa entre sus miembros, pero este acuerdo desapareció en diciembre de 1974 cuando el general Pinochet se autotituló Jefe Supremo del Gobierno, es decir, Presidente de la República, delegando el poder legislativo a la Junta de Gobierno. En 1978, fue removido el general Leigh y sustituido por el general Fernando Mathei. El general Cesar Mendoza renunció como miembro de la Junta y como director de Carabineros en 1985.

Entre las primeras medidas tomadas por la Junta estuvo la dictación de sucesivos «bandos», a través de los cuales fueron declarados el estado de sitio, el toque de queda, la censura de prensa, la disolución del Congreso, el receso de los partidos políticos y la prohibición de toda manifestación opositora al nuevo gobierno. Además, se suprimió la Constitución de 1925 y se la sustituyó por Actas Constitucionales. En 1980, fue dictada una nueva Constitución, o «Constitución del ochenta», sometida a plebiscito ese mismo año, que rige al país hasta la actualidad, salvo ciertas reformas llevadas a cabo por los gobiernos democráticos posteriores a 1990.

4-1.- Un viraje en la economía
El gobierno golpista reemplazó la política estatista de desarrollo, representada principalmente por la CORFO, por el establecimiento de una economía de libre mercado, propugnada por un sector de economistas vinculados a la Universidad de Chicago, conocido como «los Chicago Boys». En este modelo económico, el Estado pasa a jugar un rol subsidiario del sector privado y el desarrollo económico de la Nación a estar regido por las «leyes del mercado». En el marco de esta política económica, entre 1973 y 1980, la Junta cambió el sistema monetario de escudo a peso, mantuvo bajos aranceles para la importación y exportación de productos no tradicionales, un dólar depreciado y equivalente a 39 pesos, e inició una política de incentivo a la inversión de capitales extranjeros. Una de las primeras medidas fue el retiro, de Chile del Pacto Andino, en 1975, para poder ofrecer a la inversión extranjera las mismas garantías que a los inversionistas nacionales, lo que en la práctica se tradujo en la ausencia de restricciones a la inversión extranjera.

Entre 1974 y 1988 el gobierno procedió a otorgar facilidades crediticias y tributarias a la banca privada. El descenso de los impuestos para las importaciones hizo pasar estos tributos del 220 por ciento al 10 por ciento, con el consecuente aumento en las importaciones y la drástica reducción en los puestos de trabajo. Así mismo, y como medida tendiente a favorecer la descentralización y a dar mayor autonomía al desarrollo, se reorganizó el país en 13 regiones, dejando de lado la estructura provincial. Por otra parte, a través de la CORFO, se inició una política de desestatización de empresas, según los mecanismos de venta y «devolución» de éstas, conocido como política de «modernización del Estado». Entre 1974 y 1979 se traspasaron al sector privado, incluyendo capitales extranjeros, 486 empresas de un total de 507 empresas estatales. En 1980 sólo quedaban 15. Entre las empresas estatales que se conservaron, est la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en particular por su aporte a la Defensa Nacional equivalente al 10 por ciento de sus utilidades anuales. Las cifras oficiales indican que entre 1973 y 1974 y 1979, la inflación decayó del 600 por ciento a un 39 por ciento. El sector de las exportaciones no tradicionales registra en 1988 un aumento del sesenta por ciento de sus utilidades.

4-2.- El modelo de los Chicago Boys
Entre 1979 y 1983 el país atravesó una grave crisis económica. Se inició con el descenso dramático de la producción industrial, que condujo a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) a anunciar en 1980 la quiebra de 427 empresas. A inicios de 1981, Chile contaba con una deuda externa de más de 11.000 millones de dólares, lo que lo convertía en el país con la deuda externa per cápita más alta del mundo. En 1982, ante el virtual quiebre de la banca privada, el gobierno militar procedió a conceder préstamos, por intermedio del Banco Central, estimados en 5.000 millones de dólares repartidos entre 20 bancos, que se encontraban técnicamente «quebrados». Estos préstamos son conocidos hoy con el nombre de «deuda subordinada».

En junio de 1982, el Ministerio de Hacienda reconoció públicamente que el país estaba al borde de la quiebra, indicando que la deuda externa superaba los 16.000 millones de dólares, y procediendo a devaluar el peso en un 18 por ciento, con una escala de devaluación progresiva de un 0,8 por ciento diaria, si bien posteriormente procedió a «congelarlo» por un período de tres años.

A partir de 1982 comenzó un lento proceso de recuperación económica centrado principalmente en la exportación de productos no tradicionales de origen agro-forestal. En el campo agrícola se inició una agresiva política de investigación, tecnificación e industrialización del agro con miras a generar una producción competitiva en los mercados internacionales, especialmente Europa, Estados Unidos y Asia. Uno de los factores que incidió positivamente en este proceso fue, además de los bajos aranceles y franquicias tributarias, la progresiva desaparición del latifundio y su sustitución por pequeñas unidades productivas. El sector forestal se vio impulsado gracias a la inyección de capitales extranjeros y a la tecnificación de sus sistemas de producción.

Otro aspecto que incidió positivamente en la tecnificación de los procesos productivos y en el auge de las exportaciones fue la fijación de un dólar flotante a partir de 1985. Además, se reforzó la política de modernización del Estado que contemplaba la privatización de las empresas estatales y los servicios sociales, de la salud y de la educación.

Estas medidas llevaron a que la economía chilena fuera considerada a partir de 1988 sólida y rentable, lo que ha convertido a Chile en un país atractivo para la inversión extranjera.

4-3.- La otra cara del Gobierno de Facto
A partir del 11 de septiembre de 1973, el Régimen de Facto comenzó una política de persecución contra miembros del gobierno depuesto y sus simpatizantes. Fueron conminados a presentarse en el Ministerio de Defensa los miembros del gobierno del presidente Allende, sus ex ministros, dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y otros, así como miembros de las Fuerzas Armadas leales al gobierno derrocado, bajo amenaza de prisión por desacato. Se organizaron cárceles en los cuarteles militares y campos de concentración en varios puntos del país, siendo los m s importantes: la Isla Dawson, ubicada en el Estrecho de Magallanes; el Estadio Nacional, que cobijó aproximadamente tres mil detenidos, y el Estadio Chile, ambos en la ciudad de Santiago. Otros campos de concentración fueron Tres y Cuatro Alamos, Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Ritoque, Melinka, Chacabuco y Pisagua, situados en diversos puntos del país. Entre los cuarteles militares, se cuentan el Regimiento Tacna y la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. En estas prisiones los detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas; algunos fueron asesinados, otros partieron al exilio; otros constituyen el ingente corpus de los detenidos desaparecidos. El Régimen instituyó el Servicio Nacional de Detenidos (SENDET); sin embargo, no entregaba información al público, puesto que se trataba de una repartición secreta cuya finalidad se ignora.

A poco de iniciarse el Régimen Militar, se organizó un aparato represivo dependiente del Ejército de Chile, denominado Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del General Manuel Conteras Sepúlveda. Este organismo sería el responsable de llevar a cabo las prácticas de intimidación y tortura contra los civiles sospechosos de oposición al Régimen. Presionado por el escándalo internacional y las órdenes de extradición para Manuel Contreras por el homicidio en los EE.UU. de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores de la UP, el Ministerio de Justicia declaró la amnistía para todos los casos de violación de los derechos humanos acaecidos entre 1973 y 1977. Así mismo, disolvió la DINA y creó, en su lugar, la Central Nacional de Información (CNI), bajo el mando del general Humberto Gordon, cuyos miembros, prácticas y procedimientos eran prácticamente los mismos de su antecesora.

Se estiman en veinte mil los civiles muertos durante 1973, en tres mil los militares. Hacia 1988 se calculaba un total de 155.000 casos de violaciones derechos humanos y de 2.400 detenidos desaparecidos a lo largo del régimen militar.

Otro organismo de inteligencia dedicado a la represión ciudadana fue la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), sindicada como responsable de las muertes de tres profesionales comunistas, o «caso degollados», que motivaron la renuncia del general César Mendoza a sus cargos de Miembro de la Junta de Gobierno y de Director General de Carabineros. Al amparo de la CNI y de la DICOMCAR, funcionaron varios grupúsculos formados por agentes de la CNI y oficiales del Ejército y de Carabineros, dedicados al amedrentamiento y homicidio impune en vastos sectores de las poblaciones marginales; entre ellos, el «Comando 11 de septiembre», especializado en ataque a poblaciones marginales, y «Los Gurkas», especializado en el ataque contra manifestaciones callejeras.

Los principales organismos que dedicaron todos sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos, fueron la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dependiente de la ONU, y la Iglesia Católica, que a través de la Vicaría de la Solidaridad, prestó ayuda legal y humanitaria a los detenidos y sus familiares. A través de los documentos «Reconciliación en la Verdad», emitido en el marco de la Conferencia Episcopal de 1985, y «Felices los constructores de la paz», previo a la visita Papal de 1987, los obispos cuestionaron la militarización de la vida civil y la violación de los derechos humanos, invitando a los responsables a la contrición, la declaración pública de sus crímenes y a la reparación del daño causado, así como a erradicar la violencia y las diversas formas de marginalidad acrecentadas por el sistema económico y social del Régimen: pobreza, alcoholismo, drogadicción, prostitución, tortura y exilio.

La proscripción de los sindicatos y las políticas laborales del Ministerio del Trabajo, expresadas en el documento «Plan Laboral» redactado por el Ministro José Piñera, que entregaba a los empresarios el control de las relaciones obrero-patronales, generaron el clima ideal para la reducción drástica de los ingresos de los trabajadores. Por otra parte, y ante el aumento descontrolado del desempleo que alcanzó al 50 por ciento en el sector rural y al 30 por ciento en la Región Metropolitana, el gobierno creó dos programas de empleo, el Programa de Empleo Mínimo y el Programa de Ocupación de Jefes de Hogar.

En 1983 las cifras de distribución de la riqueza indicaban que el veinte por ciento de la población se repartía el 71 por ciento del total de los ingresos; la pobreza se estimaba en un 45 por ciento, de los cuales un diez por ciento se encontraban en la miseria crítica y un 25 por ciento en la indigencia.

El sector educación sufrió graves reveses, al disminuir drásticamente la matrícula con cifras ilustrativas: en 1973 la matrícula total de la educación básica fue de 2.324.883 niños y en 1987, fue de tan sólo 2.007.503, lo que significa una merma de 1,16 millones, considerando el aumento de la población. La educación superior, por su parte, pasó de 16,4 por ciento en 1973 a 12,6 por ciento en 1986. Mientras la educación superior otorgada por las universidades estatales era privatizada con miras al autofinanciamiento, parte de la administración de la educación básica era municipalizada. Así mismo, la principal casa de estudios del país, la Universidad de Chile, cuyo Rector había sido sustituido por personeros de las Fuerzas Armadas, era desmembrada, independizando sus sedes provinciales.

En el sector seguridad social, el Gobierno Militar reorganizó el sistema de pensiones creando en 1981 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas en las cuales el trabajador impone según su capacidad y propia responsabilidad. Poco después, sustituyó los aparatos de salud Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) y Servicio Nacional de Salud, por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), y por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), respectivamente, que operan como seguros médicos según el modelo de las AFP.

5.- El camino para el Retorno a la Democracia
En la medida en que el régimen militar se afianzaba en el poder, la izquierda desarticulada y la Democracia Cristiana se reorganizaban en el exilio y dentro del país, para constituir una oposición al gobierno, apoyados por algunos gobiernos extranjeros, principalmente europeos, que rechazaban al régimen golpista. A través de este movimiento, conocido como Solidaridad con Chile, se captaban fondos para subvencionar a diversos Organismos No Gubernamentales (ONG), que prestaban ayuda social y humanitaria, realizaban investigación en el campo de las ciencias sociales, y actuaban en el ámbito de los derechos humanos.

A partir de 1983, aprovechando cierta flexibilización por parte del gobierno, se fue generando en la población un movimiento social de resistencia éste, principalmente debido a la pauperización creciente de la clase media y de los sectores m s desposeídos. Su principal expresión fueron las manifestaciones callejeras, inicialmente protestas pacíficas pero que se tornaron violentas en la medida en que el gobierno respondía con la represión de la fuerza pública. Otro mecanismo de rechazo popular al régimen fue el golpeteo de ollas al anochecer, el cual envolvía las ciudades del país en un ruido ensordecedor.

Mientras tanto, la oposición política, encabezada principalmente por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que a partir de 1979, había comenzado un proceso de renovación ideológica, producto de las experiencias vividas, fueron esforzándose progresivamente por resolver la problemática por vías pacíficas. Finalmente establecieron una alianza con otros partidos políticos menores para impulsar el retorno a la democracia, a través de la llamada «campaña por elecciones libres».

Todas estas acciones llevaron al gobierno a anunciar elecciones para 1989, pero previamente, el 5 de octubre de 1988, se realizaría un plebiscito popular para determinar si el país quería o no extender el período presidencial de Pinochet. Si la voluntad popular indicaba se manifestaba por la negativa, el general Pinochet mantendría la presidencia hasta marzo de 1990, fecha en la que pasaría a desempeñarse únicamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998. El pueblo debía votar, por un «sí» o un «no» al general Pinochet. La derecha apoyó la candidatura de Pinochet, en lo que se conoció como «continuismo»; la oposición, por su parte, se agrupó en la Concertación de Partidos por la Democracia («la Concertación») constituida por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Demócrata Social, la Alianza Humanista Verde y el Partido Por la Democracia (PPD). Los resultados del plebiscito, que fue observado por enviados de las Naciones Unidas, otorgaron el triunfo al «no», que contó con un 55 por ciento de los sufragios.

5-1.- Las elecciones de 1989
Tras el fracaso de Pinochet, la derecha se reorganizó políticamente. Sus principales agrupaciones fueron los partidos Renovación Nacional (RN) de centro-derecha, que sustituyó al antiguo Partido Nacional; la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el nuevo partido de centro derecha, de carácter populista, la Unión de Centro Centro (UCC).

A las elecciones, efectuadas el 11 de diciembre de 1989, se presentaron tres candidatos: Hernán Büchi, ex ministro de Economía del general Pinochet, Francisco Javier Errázuriz, fundador de la Unión de Centro Centro, y Patricio Aylwin Azócar, representando a la coalición Concertación de Partidos por la Democracia

Los resultados de la elección, presidencial y parlamentaria, fueron los siguientes:

5-2.- El gobierno de Aylwin
El gobierno del presidente Aylwin, cuyo gabinete se constituyó con políticos de la Concertación, se basó en cuatro principios fundamentales: continuidad del modelo económico instaurado por el gobierno militar, puesta en marcha de las instituciones democráticas y promoción de la justicia social y reconciliación nacional, “en la medida de lo posible”, frase que caracterizó la filosofía del nuevo presidente, discutida por los sectores más a la izquierda.

5-2-1.- Continuidad del modelo económico
Con el retorno a la democracia, el país gozó nuevamente de la confianza internacional que le permitió la obtención de nuevas líneas de crédito y programas donaciones, así como un nuevo crecimiento del comercio exterior; así mismo, se renovaron los esfuerzos por mejorar el comercio con los países asiáticos. Así mismo, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el gobierno logró acuerdos bilaterales con México, Argentina, Bolivia y Venezuela para desarrollar un programa de rebajas arancelarias puesto en marcha en junio de 1991, e inició conversaciones con Colombia y el Brasil para el mismo propósito. Por otra parte, el gobierno inició la construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile que uniría las ciudades de Neuquén y San Vicente, respectivamente. Así mismo, inició las conversaciones con esa República para la construcción de un gasoducto que proveer a Chile de gas natural para consumo urbano e industrial.

Por otra parte, el gobierno logró postergar el vencimiento de los pagos de la deuda externa, que en 1991 alcanzaba a los 18.000 millones de dólares, y creó una serie de Bonos que fueron vendidas a un Club de Bancos extranjeros por un monto de 320 millones de dólares.

Al finalizar su mandato, el Producto Geográfico Bruto (PGB) había crecido en un 10,4 por ciento, las exportaciones habían crecido un 12,3 por ciento real y la inflación se había reducido a un 12,7 por ciento anual en oposición al 39 por ciento heredado del r,gimen militar. Por otra parte, el gobierno se esforzó en impulsar el ahorro nacional, lográndose en este sentido una tasa de ahorro del 18,7 por ciento del PGB, mientras que el ahorro total nacional de la década de los ochenta no superó el 9,5 por ciento del PGB. Así mismo, el gobierno cerró con un superávit en la balanza de pagos equivalente a 2.500 millones de dólares, en tanto que la inversión en capitales fijos había crecido hasta llegar a un 23,3 por ciento del PGB, de los cuales el 5 por ciento correspondió a inversión pública, el 14,8 por ciento a la empresa privada y el 3,5 por ciento restante a inversionistas extranjeros. Por su parte, el empleo había descendido a menos de un 5 por ciento, el salario mínimo había ascendido a un 27,8 por ciento real y se había rescatado de la extrema pobreza y de la marginalidad a un total de 700.000 pobres. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, la distribución de la riqueza continuó siendo desfavorable para aproximadamente un tercio de la población.

5-2-2.- Puesta en marcha de las instituciones democráticas y promoción de la justicia social
En este sentido, el gobierno de Aylwin se esforzó en profundizar las instituciones democráticas, mediante la descentralización regional y comunal del país. Para ello se creó tanto el rol de los Concejales Municipales, quienes integrarían los Concejos Municipales y cuyas elecciones se llevaron a cabo el 28 de junio de 1992, entrando en funciones el 26 de septiembre de ese mismo año, como el de los Concejales Regionales, cuyas elecciones se efectuaron el 3 de abril de 1993, constituyéndose los Concejos Regionales el 23 de abril de ese mismo año. En ambas instancias la Concertación obtuvo amplia mayoría. Sin embargo, este esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas se vio obstaculizado cuando en 1992 el Senado se negó a aprobar el proyecto de reforma constitucional que eliminaba la figura de los senadores designados, según la cual pasarían a formar parte de dicha bancada los ex presidentes de la República, de la Corte Suprema y los ex jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Así mismo, en un esfuerzo por integrar a la institucionalidad democrática sectores largamente olvidados y promover la justicia social, el gobierno creó en 1990 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación, en cuyo programa inicial desarrolló los siguientes planes y programas: Centro de Información de los Derechos de la Mujer, Plan Nacional de Apoyo a las Mujeres de Escasos Recursos, Programa Nacional de Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar, Programa de Capacitación para el Trabajo, Programa de Centros de Atención de Hijos de Trabajadoras Temporeras, y el Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En el mismo sentido, el gobierno creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), también dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación, dedicado al estudio, puesta en marcha en marcha y desarrollo de políticas sociales dedicadas a los jóvenes, entre las que se cuentan políticas de capacitación y servicio social, y de recreación y uso del tiempo libre para jóvenes de alto riesgo.

En el plano de la educación, el gobierno inició un doble programa de mejoramiento de la misma. Por una parte, creó el Programa de Modernización de la Escuela Media Técnico Profesional y Capacitación de Jóvenes, centrado básicamente en asegurar la inserción laboral de los educandos y que fue dividido en tres subprogramas: Programa de Emergencia, en el que el gobierno contó con el apoyo de donaciones extranjeras procedentes de España e Italia por un monto total de 4 millones de dólares, y una línea de crédito de 12 millones de dólares abierta por el gobierno italiano, ambas con el objeto de financiar programas de modernización, recuperación, e implementación de equipos, así como el mejoramiento de infraestructura; Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza, donde el gobierno se abocó a la tarea de articular la curricula de la educación municipalizada con las exigencias de los sectores productivos y empresariales, adquisición de equipos y perfeccionamiento docente; y el Programa de Capacitación de Jóvenes Desocupados, en coordinación con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Instituto Nacional de la Juventud, centrado en integración de los establecimientos educacionales sobre la base de la modernización de equipos, talleres y laboratorios, optimizando el uso de esos recursos. Estos programas resultaron exitosos en la medida en que al finalizar el gobierno de Aylwin, las matrículas en el campo Técnico profesional se habían incrementado casi en un 30 por ciento, en tanto que las matrículas en el campo científico humanista habían descendido en un 24 por ciento. Por otra parte, el gobierno creó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Proyecto MECE), dividido en los siguientes planes: un Programa de 900 Escuelas, dedicado al perfeccionamiento docente y al mejoramiento de infraestructura y mobiliario, por un monto de 4.600 millones de dólares y que cubrió las necesidades de 1.400 escuelas de enseñanza básica y media a lo largo del país; un Programa de Educación de Adultos, dedicado a la alfabetización y a la creación de 23 centros integrados de educación de adultos, cubriendo una demanda de 25.000 adultos de regiones; un programa de adquisición y donación de textos escolares para la educación municipalizada, que sólo en el primer año significó una inversión de 837.380 millones de pesos, y que al final del gobierno había llegado al 100 por ciento de los textos de uso escolar entre tercer año básico y cuarto año de enseñanza media; y un programa alimentario en conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) por un total de 800 mil raciones de desayunos y almuerzos escolares. Finalmente, en el campo de la educación parvularia y preescolar, el gobierno finalizó con la atención a un total 123.534 niños a lo largo del país y con la creación de 526 Centros Abiertos para el cuidado de los niños de madres jefes de hogar.

En el campo de la vivienda, el gobierno obtuvo Fondo Internacional para la Vivienda por un total de 41.686.509 millones de dólares en donaciones procedentes de Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega e Italia, gracias al cual el gobierno otorgó un promedio anual de 90 mil viviendas, pavimentó 600 kilómetros y construyó 500 kilómetros de calles, dejando iniciado un agresivo plan de satisfacción de las necesidades de vivienda del país que habría de continuar el siguiente gobierno.

En el campo de la salud, el gobierno entregó 3 nuevos hospitales ubicados en regiones e iniciado la construcción de otros cuatro, desarrolló programas de mejoramiento de los servicios de urgencia y de la atención primaria por un monto de 75 millones de dólares obtenidos de fuente bilateral y de 150 millones de dólares procedentes del Banco Mundial.

5-2-3.- La reconciliación nacional
El gobierno democrático abocó sus esfuerzos a reencauzar las relaciones cívico-militares. Por una parte, mediante la lucha contra el terrorismo, a través del Consejo de Seguridad del Estado, con la cooperación de Carabineros y la Policía de Investigaciones; por otra, mediante el estímulo a los Tribunales de Justicia para sancionar los delitos de violaciones a los derechos humanos. Para ello, se constituyó la Comisión Rettig, dedicada a investigar las denuncias al respecto, centrada en los casos de detenidos desaparecidos y que evacuó sus informes en marzo de 1991. Como resultado de esta gestión, el 8 de febrero de 1992 el gobierno creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación destinada a la otorgación de reparaciones a los familiares de las víctimas. Por este medio se beneficiaron un total aproximado de 4.100 familiares entre cónyuges, madres, padres e hijos de las víctimas. Así mismo, gracias a la reforma constitucional que otorgó al Presidente de la República el derecho a Indulto, el presidente Aylwin indultó a 141 presos políticos con remisión o conmutación de las penas y liberó a otros 224.

Por otra parte, en agosto de 1990, el gobierno creó la Oficina Nacional del Retorno (ONR), dependiente del Ministerio de Justicia, dedicada principalmente a la tramitación expedita de la recuperación, en el caso de los chilenos exiliados, y obtención de la nacionalidad, en el caso de cónyuges y familiares habidos en el extranjero; a otorgar asistencia jurídica, a facilitar la reinserción laboral y educacional, a otorgar equivalencia de títulos profesionales y a otorgar asistencia en salud mental a los retornados. A fines de 1993 habían retornado un poco m s de 40 mil personas de las 250 mil que se calcula que abandonaron el país rumbo al exilio.

5-3.- Continuación del proceso democrático
La voluntad democrática se mantuvo en las elecciones municipales de 1994, en las que «la Concertación» triunfó por amplia mayoría. Mediante reforma constitucional, se redujo el período presidencial estipulándolo en cuatro años y se convocó a elecciones presidenciales en diciembre de 1993. A éstas se presentaron 6 candidatos, y los resultados fueron los siguientes:

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo del ex presidente), caracterizado por una política de continuidad con el gobierno anterior, se abocó a las siguientes tareas: asegurar el crecimiento económico, profundizar la inserción internacional del país, avanzar en la modernización del Estado y desarrollar políticas sociales dirigidas hacia los sectores más vulnerables.

5-3-1.- En pos del crecimiento, la estabilidad económica y la inserción internacional
En este sentido, el gobierno se dedicó a la tarea de lograr nuevos socios comerciales. Con este fin inició conversaciones con EE.UU., México y Canadá para asociarse a la North American Free Traite Asociation (NAFTA). Así mismo, en 1996 Chile firmó un convenio en calidad de socio con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), un acuerdo marco para asociarse en 1999 con la Comunidad Económica Europea, y pasó a integrar el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC. Por otra parte, el país pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio y aumentó a 50 el total de países importadores de productos chilenos. Así mismo, Chile firmó un Convenio de Complementación Económica con Bolivia e inició conversaciones con Panamá y otros países centroamericanos. En este mismo sentido, y tras el aumento de un 134 por ciento en la inversión extranjera, Chile firmó convenios con otros veinte países en materia de promoción y protección de inversiones.

Hacia 1997 el país registraba una tasa inflacionaria promedio de un 6,6 por ciento, el ahorro público era equivalente al 5,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el superávit global sobre el mismo ascendió a un 2,2 por ciento. Por otra parte, el gasto público ascendió a sólo el 25 por ciento del PIB, en tanto que la deuda externa del sector público había descendido a poco m s de 5 mil millones de dólares. En este sentido, cabe destacar que el desempleo descendió a 5,8 por ciento, lo que implica la creación de 160 mil nuevos empleos, y que los índices de la pobreza extrema habían descendido de un 8 por ciento en 1994 a tan sólo un 6,4 por ciento en 1996.

5-3-2.- El avance en la modernización del Estado
En 1996 el gobierno inició la modernización de la justicia y, gracias al consenso en el Senado que en 1997 aprobó las reformas al proceso penal, creó la figura del Ministerio Público en la Constitución Política del Estado, la Defensa Pública y estableció un juicio oral y público ante un tribunal compuesto por tres jueces. Por otra parte, el gobierno enfrentó una difícil situación cuando, ante la evidente falta de sustentabilidad económica de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), procedió al cierre de la primera y a la privatización del sector de carga en la segunda. Así mismo, la casi totalidad de obras públicas emprendidas por el gobierno de Frei se realizaron por medio de licitaciones del sector privado; entre ellas se cuentan la creación de aeropuertos, mejoras en la vialidad y mejoramiento de infraestructura portuaria. Como parte de la política de construcción de una ,tica pública y de lucha en contra de la corrupción, en 1997 el gobierno creó el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno destinado a ejercer férreo control sobre el manejo de los fondos fiscales.

En diciembre de 1997, el país se volcó a las urnas para renovar el parlamento. La Concertación sufrió un revés en los resultados de las elecciones al elevar sus votaciones el partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y al pasar a retiro tanto el general Pinochet, como los otros jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como el presidente de la Corte Suprema, asegurando la superioridad de la derecha en el Congreso.

5-3-3.- Continuidad de las políticas sociales
Como continuación del proceso de reconciliación nacional, los Tribunales de Justicia dictaron fallos encarcelatorios en contra del ex director de la CNI general Manuel Contreras y del coronel Pedro Espinoza como culpables del homicidio de Orlando Letelier. En un caso único en la historia chilena, el canal estatal de televisión transmitió los alegatos de los abogados ante los jueces de la Corte Suprema. Tras la elaboración de un proyecto de ley por parte de los ministerios de Obras Públicas y de Justicia, el Senado dictaminó la construcción de una cárcel especial para militares, o cárcel de Punta Peuco, situada en la localidad de Colina, en la que ambos oficiales, destituidos previamente de sus rangos, cumplen hoy sus penas.

Por otra parte, el gobierno del Presidente Frei se ha caracterizado por una agresiva campaña de erradicación de la extrema pobreza, llamado Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Ésta puso en marcha, en una gestión interministerial, el programa Chile Barrio dedicado a mejorar la calificación técnica del casi un millón de personas que habitan en campamentos, resolver la situación de los asentamientos precarios mediante el acceso de sus habitantes a la vivienda y a los servicios básicos asociados (electricidad, agua potable, alcantarillado y equipamiento comunitario) y fortalecer el tejido social y la organización asegurando la participación de la comunidad en el diseño y ejecución de medidas destinadas a la superación de la extrema pobreza.

En el campo de la vivienda, el gobierno del presidente Frei ha continuado la política habitacional del ex presidente Aylwin, logrando un promedio de construcción de 128 mil casas anuales y aumentó la superficie de la vivienda social de 38 a 42 metros cuadrados, concentrando el 85 por ciento de sus esfuerzos en los sectores de menores recursos. Así mismo, creó el Programa de Vivienda Básica de Libre Elección que genera un mercado secundario de vivienda social al permitir la compra y venta de casas con subsidio, posibilitando así el mejoramiento de la vivienda de acuerdo a la situación de la familia propietaria.

En la enseñanza, el gobierno aumentó progresivamente el presupuesto destinado al sector, elevándolo en un 16 por ciento en 1997. Así mismo, el gobierno se esforzó por llevar a cabo una reforma del sistema educacional que contempló cuatro reas: programas de mejoramiento e innovación en la educación básica, que continúa el proyecto MECE del gobierno anterior, convierte algunas asignaturas humanísticas obligatorias en optativas (específicamente Filosofía y Sicología) e incluye la implementación de nuevas tecnologías e informática en las aulas; reforma curricular, que define los objetivos fundamentales y contenidos mínimos en la enseñanza básica; fortalecimiento de la profesión docente, que imparte cursos de capacitación para el profesorado; y extensión de la jornada escolar, que aumenta al doble el número de horas académicas de la enseñanza básica y media, lo que equivale a un total de 1.100 horas anuales en la enseñanza básica y a 1.200 en la enseñanza media. Para el financiamiento de esta última reforma, el gobierno solicitó al Congreso aprobación para mantener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su valor actual, equivalente a un 18 por ciento, para así poder destinar el 1 por ciento del IVA a la reforma educacional.

En el campo de la salud, la red asistencial pública implementó 7 nuevos programas: Programa de Salud del Niño, de la Mujer, del Adulto, del Adolescente, del Adulto Mayor y de Violencia Intrafamiliar. Así mismo, aumentó la inversión en infraestructura y equipamiento en un promedio anual cercano a los 32 millones de dólares. Como parte de este esfuerzo, el gobierno se ha esforzado por establecer un programa de previsión de salud a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) que incluya cobertura total de salud.

® Adolfo Pardo

Bibliografía consultada ______________
– Cronicón Histórico, de Mario Cannobbio.
– História de Chile, de Sergio Villalobos, Osvaldo Silva, Fernando Silva y Patricio Estelle.
– História de Chile, de Luis Galdames.
– Distintos medios prensa (diarios y revistas) consultados en la Biblioteca Nacional de Chile.
– Diversas páginas electrónicas.