Resumen
Una multitudinaria marcha se realizó en Montevideo el pasado 20 de mayo de 2019 para pedir por el fin de la impunidad, el esclarecimiento de la verdad y la aparición de los restos de los desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985) bajo una pertinaz lluvia.
El 20 de mayo pasado, se realizó la 24 Marcha del Silencio bajo la consigna “¡¡¡Que nos digan dónde están!!! Contra la impunidad de ayer y de hoy”, organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, CRYSOL y otras organizaciones y organismos de derechos humanos (en 1996 fue la primera marcha, donde se recuerda ese día emblemático, pero de 1976, que estuvo marcado por los asesinatos del ex senador Michelini del Frente Amplio, el ex diputado Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional, el matrimonio Whitelaw y Barredo, ex militantes tupamaros, y por la desaparición del doctor comunista Manuel Liberoff en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, de coordinación represiva en el Cono Sur).
Las Marchas del Silencio expresan la voluntad de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, que no quieren que esta historia se repita. Esa voluntad ciudadana se expresó este año a pesar del viento y de la lluvia que hizo abrir paraguas bajo la noche montevideana, en el silencio apenas interrumpido al murmurar el ¡Presente! después de cada nombre de un desaparecido. Miles de hombres y mujeres, cuadras y cuadras de paraguas abiertos, abiertos a la esperanza de conocer la verdad, de una vez por todas, y desterrar el olvido y la mentira, como un primer paso para encontrar, finalmente, no la venganza, sino la justicia.
Este año, además, no sólo por ser año electoral —que esto entrevera todas las cosas y las tiñe de competencia y dosis de demagogia electoralera—, sino porque en el ámbito militar han habido algunos pronunciamientos de ex integrantes del terrorismo de Estado durante la última dictadura, que están presos por sus crímenes, y que sin un mínimo de arrepentimiento han develado espeluznantes detalles de torturas y homicidios calificados incluso antes de instaurada la dictadura, cuando aún había un régimen democrático, formal, aunque bajo medidas especiales que coartaban la libertad individual.
Las declaraciones del ex mayor José Nino Gavazzo, en los Tribunales de Honor militar, que daban cuenta de haber arrojado a un río el cuerpo de Roberto Gomensoro y todo el episodio de las Actas de ese tribunal (que motivaron el cese del ex comandante en jefe, Guido Manini Ríos, así como de otros militares integrantes de ese tribunal e incluso del ministro de Defensa), o bien las declaraciones que se hicieron en una larga entrevista que el diario El País (que fue vocero de la dictadura) dará en exclusiva, fragmentada en diez partes (de las que ya han salido dos partes), han ido crispando aún más el ambiente, puesto que ahora ya no hay ninguna duda que lo que sucedió no fueron excesos de unos pocos, sino que el accionar de los militares estaba bajo la égida de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que considera al enemigo como interno, dentro de las fronteras nacionales. Doctrina que, por otra parte, aún está vigente, aunque una nueva ley orgánica militar votada recientemente en el Parlamento establece la anulación del concepto de obediencia debida y la reducción de oficiales. El subsidio que se le da a la Caja Militar, de 550 millones de dólares al año pasado, subsidio impuesto por la dictadura cívico-militar, que recién ahora fue modificado, pretende disminuir el creciente déficit de la seguridad social y es motivo de crispación entre la oposición y el gobierno.
Algo habrán hecho
Hay quienes quieren justificar lo injustificable, y ante situaciones de inseguridad ciudadana —muy comunes en estos tiempos revueltos— quieren contraponer la supuesta seguridad del país durante la época de la dictadura con la actual situación de violencia y delincuencia. Y van más allá, nos dicen que esas personas que fueron detenidas —seis mil uruguayos fueron presos y torturados sistemáticamente—, fue porque algo habrán hecho para merecer tal suerte. Que si uno se portaba bien, no iba a suceder nada. Sí, por supuesto que algo hicieron. Lo que hicieron fue luchar por una sociedad más justa, por un mejor reparto de la riqueza. Tenían, por supuesto, otras ideas, unas ideas distintas a las que tienen los grupos económicos principales y sus aliados que estaban en el poder. Y tampoco se puede argüir el enfrentamiento, como se hace al establecer la teoría de los “dos demonios”, que dice que ante el “demonio” de la guerrilla surgió, como de la nada, o por culpa de ella, el “demonio” militar, fascista. No, porque la represión al movimiento social que reclamaba por mejores salarios —entre otras cosas— fue anterior al surgimiento de la guerrilla, y es más, la aparición de la lucha armada es una de las consecuencias de la crisis social, económica y política que enfrentaba el Uruguay a mediados de los años 60. La crisis económica, la primera firma de la carta de intención con el FMI (del año 1959, bajo el colegiado del Partido Nacional, uno de los dos partidos tradicionales), se da después de culminada la guerra de Corea (1953), cuando se termina la época de “las vacas gordas”, y ni la Alianza para el Progreso ni los créditos de la banca pudieron impedir el desplome de la industria nacional bajo el régimen de sustitución de exportaciones, con su inevitable creación de cinturones de miseria (“cantegriles”), pobreza y creciente endeudamiento externo.
Es allí cuando el movimiento social expresa su descontento, y se organiza. Primero, mediante la creación del Congreso del Pueblo, que establece los lineamientos para la unidad sindical en una sola central de trabajadores, la Convención Nacional de Trabajadores, y luego mediante la unidad política de la izquierda en el Frente Amplio, que son las expresiones organizadas que disputarán el gobierno, con creciente influencia en el resto de la sociedad, a los partidos tradicionales junto a las cámaras empresariales y rurales, la oligarquía y la banca especuladora. Es por ello, para frenar al movimiento popular, que el gobierno establece Medidas Prontas de Seguridad donde se suspenden los derechos civiles, se hace seguimientos de líderes sindicales y políticos (desde 1959 y aún antes hay documentos de esos seguimientos realizados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, continuados luego en el marco de la guerra interna por las fuerzas armadas), y se reprime las manifestaciones con gases, carros lanza-agua y disparos con balas de fogueo, perdigones y más tarde balas reales, que matan a los primeros estudiantes y enfervoriza a la movilización popular y a la creación de los grupos armados urbanos, sobre todo al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). Pero para mediados de 1972, un año antes del golpe, los tupamaros fueron derrotados militarmente, sus principales líderes presos y el resto fueron exiliados. Por lo que es claro que el autogolpe de Estado de Bordaberry, en junio de 1973, fue dado contra el movimiento sindical y las organizaciones políticas de izquierda.
Lo cierto es que ha empezado a resquebrajarse la impunidad militar, ese pacto de silencio, impuesto incluso entre quienes no tuvieron participación en aquella época (por la edad), y entre los más notorios represores de la época se echan culpas e intentan diluir su propia participación, jugados al recurso de efectuar chicanas y dilatorias ante la justicia para que esta no pueda expedirse, amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva (llamada Ley de Impunidad, que bajo su art. 4° permite —y permitió— averiguar la verdad y descubrir unos pocos cuerpos de militantes enterrados en un cuartel y en una chacra en Pando).
La Operación Zanahoria, que habría consistido en desenterrar los cuerpos de los muertos en unidades militares y enterrarlos en lugar desconocido sobre el final de la dictadura, aún sin confirmar, establece una norma de mantener a los desaparecidos en tal condición como una especie de espada de Damocles sobre una democracia que costó mucho recuperar. Aún sin ser tan “masiva” la desaparición de personas como en Argentina (donde se habla de 30 mil desaparecidos), Uruguay tuvo el mayor porcentaje de presos políticos. Si éstos no fueron asesinados fue porque la dictadura quiso quebrar la resistencia popular por medio del miedo y el terror (su objetivo confeso era destruir al Partido Comunista y desterrarlo por cincuenta años).
Fue por todo esto que esta 24ª Marcha del Silencio, coronada por un techo viviente y solidario de paraguas, fue tan masiva. Y a pesar del silencio, un grito atronador crispa los puños y pugna por salir de la garganta: ¡Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado! ¡Verdad y Justicia!
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