Espacio público, patrimonio e informalidad en el Caribe colombiano.

Artículo en colaboración con
Laura Cecilia Chaves Herrera – Universidad del Magdalena
Antropóloga colombiana egresada de la Universidad del Magdalena y miembro del grupo de investigación sobre oralidad, narrativa audiovisual y cultura popular en el Caribe Colombiano
– ORALOTECA.

La recuperación de los centros históricos es uno de los proyectos a los cuales las ciudades latinoamericanas le han apostado como una alternativa de mejoramiento, control y organización de sectores urbanos que presentan un déficit económico y social. Las ciudades capitales del Caribe colombiano en su calidad de ciudades históricas y turísticas han entrado, desde hace más de dos décadas, en esta propuesta, bajo el aval de los gobiernos nacionales y sus planes especiales de recuperación y protección de los centros históricos en cada país desarrollando estrategias de organización urbana, reactivación económica y control social.

No obstante, desde sus inicios dichos proyectos han estado atravesados por tensiones entre el sector administrativo-ejecutivo del proyecto, y la comunidad de vendedores informales que habita las ciudades, quienes dejan en claro su desacuerdo en ser reubicados por parte de las gobernaciones locales, apelando a que son vulnerados sus derechos por ir en contra de su medio de trabajo y su sustento económico, al cual responden como medio de contraprestación para suplir sus necesidades básica. Sin embargo, a pesar de todas las denuncias, la totalidad de los proyectos han finalizado sin mayores percances; es por ello que resulta necesario abordar dicha problemática, tanto para documentar estos procesos, como para identificar y analizar sus efectos, tensiones y problemáticas.

Ahora bien, dos son los espacios teóricos de análisis que permiten comprender la dinámica que ocurre en los procesos de restauración de los centros históricos: 1) El patrimonio cultural, y 2) la economía informal.

El patrimonio cultural a partir de la conferencia general de la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura, celebrada en parís del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 toma carácter legal bajo el artículo primero bajo tres ejes fundamentales:

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (Unesco, 1972: 136).

A partir de estos tres elementos el patrimonio cultural es entendido bajo un carácter material, tangible y restaurable. Es a partir de esta propuesta que en la región Caribe colombiana surgen intereses y directrices desde el Gobierno Nacional en patrimonializar diferentes expresiones y lugares. En concreto, estas directrices de protección y reconocimiento del patrimonio material e inmaterial en Colombia se empiezan a ejecutar a partir de la declaración de la ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, en donde a partir del artículo cuarto se establece precisamente que:

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico (Artículo 4 ley 397 de 1997:1)[1].

Según estas normatividades expuestas en la Ley 397 del 1997, “es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación” (Art 1. Principio 5, ley 397 del 1997). En relación con lo anterior, en menos de dos décadas en las ciudades del Caribe colombiano se viene contribuyendo, desde el Estado y los gobiernos locales, en pro de la restauración y recuperación de los centros históricos de las ciudades.

Estas propuestas haces parte de las iniciativas del Ministerio de Cultura bajo el marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos –PNRCH

[…] que busca la recuperación integral de los Centros Históricos declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional, combinando estrategias de protección de los elementos patrimoniales con otras de desarrollo físico, social, institucional y económico.

El PNRCH busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Sectores Urbanos de Interés Cultural, contribuyendo al desarrollo urbano y a la salud fiscal de los distritos y municipios, garantizando la transmisión a futuro de los centros fundacionales e históricos como memoria activa del patrimonio cultural urbano del país (Mincultura, 2009: 1)

Por otra parte, el concepto de economía informal es utilizado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para “[…] describir las duras actividades de los trabajadores pobres que no eran reconocidas, registradas, protegidas o reguladas por las autoridades públicas […] a pesar que desde hace décadas se ha venido apuntando a un pronóstico con tendencia a la baja” […]

la economía informal ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del planeta, incluidos los países industrializados, y ya no puede seguir considerándose un fenómeno temporal o marginal. La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos años, particularmente en los países en desarrollo y en transición, se ha creado en la economía informal. La mayoría de las personas ha pasado a la economía informal porque no podía encontrar un empleo (Conferencia Internacional del Trabajo, 2002: 1).

Es esa condición de trabajador informal lo que caracteriza a la persona dentro de la economía informal como aquello intratable que emerge dentro y a raíz de las condiciones de inequidad que expresa la economía formal. Por ende, a causa de la falta de oportunidades dentro de esta formalidad y de la constante coerción por parte de los aparatos de seguridad que protegen esa misma estructura formal, los vendedores informales resisten al ser contenidos y evitando que el discurso dominante de la formalidad se apropie de sus dinámicas, implantándoles una normatividad que los tiende a formalizar, ya que es esta imposibilidad de acceder equitativamente a las dinámicas económicas formales, la que impulsa a los vendedores informales para buscar, hallar y reproducir sus propias dinámicas económicas, diferentes a la dominante, llenando a la vez algunos vacíos generados por esa misma inequidad que reproduce el sistema económico formal.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos anotar que las ciudades del caribe colombiano no escapan a esta problemática relacionada con el desarrollo de la economía informal, pues ésta termina subsidiando al estado y al mercado formal, no solo en términos de la reproducción social de la gente más pobre, al proporcionar empleo, sino con el hecho de exonerar al estado de hacer una mayor inversión social, capacitación laboral, oferta de empleo, etc., y al mercado de proporcionar unas reglas de juego más justas. Así, según muchos de los habitantes de las ciudades en el Caribe colombiano, gran parte de la economía de estas ciudades se sostiene con los negocios informales, con el rebusque, como coloquialmente se le conoce.

En ese sentido, resulta fundamental analizar los procesos de ejecución y tratado que se han llevado a cabo en torno a la recuperación de los centros históricos, teniendo en cuenta los puntos de fuga, tensiones y neuralgias entre su elaboración y las dinámicas propias de las economías locales, específicamente entre los grupos denominados vendedores informales. Para ello es importante estudiar los elementos que contribuyen a la preparación de los planes en las ciudades, el manejo y socialización de éstos con los ciudadanos, mientras los operadores toman decisiones con base en categorías como “patrimonio cultural” para la reorganización y reconstrucción urbana, focalizando la economía informal posicionada y legitimada de forma consuetudinaria, pero al mismo tiempo generadora de tensiones cuando se trata de reubicaciones masivas de los vendedores informales, bajo la idea de la recuperación del espacio público.

Los proyectos de recuperación de los centros históricos en el caribe colombiano se encuentran relacionados con el hecho de que las capitales no son ajenas a la crisis que se presenta a nivel continental, respecto a los problemas de organización urbanística que sufren las capitales latinoamericanas. De acuerdo con los organismos administrativos, estas problemáticas de organización urbana se encuentran manifestadas en el deterioro físico, económico y social de los Centros Históricos de las ciudades, dicho deterioro se refleja en el aumento del comercio informal, la indigencia, la prostitución y la delincuencia.

A raíz de estos argumentos, las administraciones distritales confieren la realización de diagnósticos técnicos sobre las condiciones de las ciudades para la elaboración y ejecución de los proyectos de recuperación de los centros históricos. Según la maquinaria conceptual sobre la que se estructuran dichos diagnósticos, la recuperación de estos espacios se lleva a cabo con el propósito de resolver el gran número de problemáticas urbanísticas que poseen las ciudades actualmente, utilizando el concepto de patrimonio cultural e histórico como eje dinamizador en estos procesos de resolución.

El argumento institucional afirma que los proyectos de recuperación de los centros históricos resultan efectivos, no solo para la solución de las problemáticas urbanas, sino para el enriquecimiento de sus valores patrimoniales, históricos y culturales. En suma, la finalidad de estos proyectos se encuentra orientada a tejer los componentes urbanos para la rehabilitación social de la ciudad a través de su arquitectura y de su urbanismo, apuntando a las representaciones y a los imaginarios que poseen los habitantes.

No obstante, dentro de las propuestas a ejecutar en el desarrollo del proceso de recuperación, se contempla de manera continua la clausura o reubicación de las ventas estacionarias que se encuentran a lo largo y ancho de las áreas que se proyectan restaurar, pues siempre se contemplan como una de las principales problemáticas a resolver, el excesivo número de vendedores informales que invaden el espacio público. Las propuestas vislumbradas para la solución de dicha invasión, giran alrededor de la reubicación, pues estos vendedores se convierten, según las administraciones públicas, en un obstáculo para el funcionamiento y el disfrute de estas zonas.

Este punto en particular se ha convertido en una de las constantes dificultades que ha traído consigo la implantación de estas reorganizaciones urbanísticas, pues para los trabajadores informales, la clausura y/o desplazamiento de sus puestos, atenta directamente con la manera de conseguir su sustento diario. Y a pesar de las siempre presentes negociaciones entre los gremios de los vendedores informales y las administraciones públicas locales, muy pocas veces se logra un acuerdo realmente equitativo entre las partes.

La temática de la patrimonialización y la reconstrucción de los centros históricos ha tomado preponderancia durante las dos últimas décadas dentro de los planes de gobierno regionales, nacionales e internacionales, como alternativa de reactivación económica y restructuración del orden social de las ciudades, lo cual ha llevado a su posicionamiento dentro de disímiles discusiones político-académicas sobre sus impactos, escenarios (ambientales, urbanos), las interrelaciones surgidas a su interior, sus ventajas, desventajas, formas de ejecución y representación a nivel discursivo y su profunda interacción con la producción de políticas que apelan a la diferencia, lo cual ha hecho de este un campo sumamente atractivo y relevante para entender la realidad social latinoamericana. De esta manera, se requiere pensar a las ciudades desde su realidad económica frente a unos procesos de intervención social y constructor de ciudadanía, diseñado muchas veces, por fuera de los contextos que desean transformar.

Así, es importante acudir a los análisis y estudios realizados sobre economía, patrimonio y ciudad para trazar, describir y comprender esas tres categorías, sobre un mismo escenario: El Caribe colombiano, donde proyectos y discursos urbanos como el de la recuperación de los centros históricos develan muchas tensiones sobre las transformaciones existentes entre la ciudad que se vive y la ciudad que se desea, así como el impacto de las políticas públicas y el posicionamiento/accionar de las administraciones locales frente a las manifestaciones de la economía informal presentes en los centros históricos de las ciudades. Asimismo, es prioritario dar cuenta de los cambios en las dinámicas socioculturales que se entretejen alrededor de las reestructuraciones realizadas en el marco de estos proyectos, como los principales procesos de patrimonialización llevados a cabo en las ciudades del Caribe colombiano.

Es en este punto donde se presenta la disidencia entre los procesos que buscan la protección del patrimonio cultural, frente a las realidades económicas locales, las cuales se sustentan desde la informalidad. Estas dinámicas se han visto alteradas por las acciones de recuperación histórica que buscan la recuperación del espacio público, atentando directamente con las cotidianidades y nociones de trabajo de los individuos que encuentran en la informalidad una respuesta inmediata a su condición de pobreza incapaz de ser resuelta por los estados.

Bibliografía

LEY 397 de 1997 o Ley General de Cultura.

OIT. 2002. Como lo señala en su Informe VI “El trabajo decente y la economía informal” Conferencia Internacional del Trabajo de 2002.

[1] El Artículo presentado es la modificación realizada a partir de la Ley 1185 de 2008.