Gabriel Boric Presidente

El resultado de la elección ha mostrado meridianamente las preferencias de las grandes mayoritarias: a pesar del gran crecimiento económico sostenido las últimas tres décadas y frente a una desigualdad socioeconómica descontrolada, el electorado boriciano pide, ya exige, una repartición más equitativa del ingreso y de la riqueza, como también la profundización y consolidación de los grandes avances en derechos civiles y humanos de mujeres, diversidad sexual y pueblos originarios, como también una política institucional de defensa del medio ambiente que es la mayor problemática global que enfrenta la humanidad, y que instalaría a Chile en el concierto mundial de respeto al ecosistema como una prioridad esencial. Todo esto implica, en suma, que la ciudadanía espera una mejora sustancial de la calidad del sistema democrático.

El ambicioso programa de Boric tiene por delante enormes baches que superar; más bien acantilados. En primer lugar, la coalición que entrará a La Moneda el 11 de marzo de 2022, unida al resto de partidos progresistas, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Teniendo en cuenta, y la experiencia política así lo indica, que para grandes cambios estructurales se requieren grandes pactos estructurales con puentes que pasen por encima de los bloques políticos, no se vislumbra ningún milagro matemático para que Boric pueda materializar sus grandes reformas. La autodenominada “centroderecha”, ahora canibalizada por la ultraderecha que está anquilosada en la defensa antidemocrática de un ultraneoliberalismo que, si bien crea una gran riqueza, paralelamente consolida una desigualdad endémica que provocó el estallido social y, con ello, un cambio que pareciera inaugurar un nuevo ciclo político. Pero la ahora ultraderecha ―que no centroderecha― continúa jibarizada defendiendo, a como sea y contra las mayorías democráticas, los intereses corporativistas de los grandes empresarios, dueños del mercado chileno ―no más de unos cuantos conglomerados económico-financieros que son un puñado de familias― que no están disponibles para cambio alguno. La Administración Bachelet II mostró con claridad que, a pesar de tener mayoría en las dos cámaras, su gran programa de reformas ―no tan distinto al de Boric― padeció una auténtica campaña sediciosa, con un lockout empresarial en toda regla que mantuvo al límite el aparato económico-financiero, y con la derecha enviando al Tribunal Constitucional todas las reformas, entre ella el Nuevo Estatuto Laboral, que fue sancionado por este tribunal conservador como insconstitucional (tenía algo tan esencial en cualquier democracia como es la institucionalización de la negociación colectiva con titularidad sindical). Lamentablemente, nada indica ahora que la experiencia de Bachelet no se repita en forma más virulenta ahora ya que el gobierno de Boric no tiene mayoría en el Parlamento y el empresariado es el mismo de siempre.

En consecuencia, la principal ―hay muchas― encrucijada de este gobierno, es lograr acuerdos transversales para hacer las reformas y mantener al mismo tiempo la macroeconomía saneada que, después del estallido social y la catástrofe sanitaria, padece de un recalentamiento grave, como también mantener la inflación controlada para asegurar el crecimiento económico.

El cambio de un Estado subsidiario neoliberal a uno socialdemócrata, que es el que propone Boric y su conglomerado Apruebo Dignidad, requiere demasiada estrategia política que produce una velocidad muy moderada, dos factores que no sé si su electorado tendrá la paciencia de soportarlo. Estamos hablando de mínimo ocho años para recién comenzar a sentir los cambios en carne propia, es decir, en cada uno de sus electores, los beneficios que podría tener este cambio de sociedad. Y esto si todo funciona por carriles sin ningún impedimento, algo inimaginable hasta ahora.

El factor comunista en su gobierno ―es el partido más grande de su coalición y con una experiencia política de más de 100 años― es un enigma cuánta influencia tendrán, más que nada en las decisiones económicas. Los comunistas son admiradores y defensores de dictaduras que se autocalifican como revolucionarias socialistas, como la de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, donde la hambruna socializada es lo único que se ha socializado para mantener un dogma ideológico en detrimento de toda su población. Sin duda, no son signos que ayuden al entendimiento democrático transversal para llevar a cabo un cambio de las proporciones que propone Boric.

Sin embargo, la historia del partido Comunista de Chile es muy sui generis. En efecto, ya en las primeras décadas del siglo pasado, este partido ya participaba en gobiernos radicales que pusieron los cimientos de un Estado solidario y social, respetando el marco constitucional y democrático, sin fisuras. Durante el gobierno de Salvador Allende fue el partido más “conservador”, no se salió jamás de la legalidad del marco constitucional; los que la rompieron fueron la derecha y la Democracia Cristiana (con muchas mea culpas después por estos últimos) con un golpe de Estado. En suma, este partido jamás ha propiciado propuestas antidemocráticas y que rompan el marco constitucional. Si son partícipes del grupo guerrillero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, contra la dictadura cívico-militar en la segunda mitad de la década del 80, seguían las directrices de las cláusulas de Naciones Unidas, que estipula que se pueden dar todas las formas de lucha frente a tiranías, como era la dictadura de Pinochet.

En definitiva, si el partido Comunista chileno no se sale de su línea política histórica, no habría fisuras en llevar a cabo el Programa de Gobierno de Boric, más aún, podría ser de gran apoyo a las reformas llevando a las masas a la calle exigiendo, a los que se oponen, el acuerdo transversal para llevar a cabo las reformas. No obstante, todo indica que será una empresa titánica llena de imposibilidades.

Creo que, más bien, este gobierno debiera centrarse en llevar a buen puerto la tarea de la Convención Constitucional. Si se aprueba la nueva Constitución en el plebiscito de 2022, se podrán llevar a cabo las transformaciones estructurales para hacer de Chile un país socialdemócrata constitucionalizado, es decir, institucionalizar el llamado “capitalismo con rostro humano”, el del estado social y solidario que garantiza los derechos sociales en salud, educación, pensiones y vivienda universales y de calidad, y que le entrega al mercado privado regulado la tarea del desarrollo del crecimiento económico.

Esta es la propuesta de la Concertación desde el primer momento y que, pareciera, se llevará a cabo cuando se ponga en funcionamiento la nueva Constitución. Si llega a aprobarse.

Jaime Vieyra-Poseck