A propósito de la Cumbre de Gobernantes Progresistas en Viña del Mar (Chile)

Los días 27 y 28 del presente mes un selecto grupo de presidentes/as y primeros ministros se reunirán para reflexionar, con agenda abierta y a puerta cerrada y sin asesores ni intérpretes, la anfitriona, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; la de Argentina, Cristina Fernández; de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; de Uruguay, Tabaré Vázquez; los primeros ministros del Reino Unido y Noruega, Gordon Brown y Jens Stoltenberg, respectivamente, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

Se sabe que fue la propia anfitriona , la presidenta chilena Michelle Bachelet, la que telefoneó a Barack Obama para invitarlo a la Cumbre, y así continuar con una tradición en estos encuentros, inaugurado por Bill Clinton, de asistir personalmente. El presidente de EE.UU. se excusó por tener una agenda recargada por la crisis económica que azota a su país. Contra todo pronóstico, envió nada menos que a su vicepresidente, Joseph Biden. Esta representación es un punto de inflexión en las nuevas relaciones que promete el flamante nuevo inquilino de la Casa Blanca con América Latina. Y es una potente señal de apoyo que Barack Obama le otorga a esta Cumbre.

La otra lectura de la visita a Chile a esta Cumbre de Joseph Biden, obliga a mirarla como un gesto inequívoco de fuerte reconocimiento a la izquierda progresista del socialismo renovado latinoamericano post caída del Muro de Berlín, muy cercano a la socialdemocracia europea. Pero también, es una demostración de unidad frente a la otra izquierda que gobierna en varios países latinoamericanos en la actualidad: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y, con menor énfasis, Ecuador. Una izquierda con un gobierno dictatorial, en el caso de Cuba; uno autoritario, en el de Venezuela; con Bolivia que trata de emular por todos los medios a Cuba y Venezuela –país este último que se ha transformado en una especie de mentor para Bolivia-, y Ecuador, que aplica una política ambivalente entre entregarse a los brazos de Venezuela-Cuba y, al mismo tiempo, distanciarse de los innumerables y esperpénticos excesos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los cuatro países con gobiernos democráticos que aplican, en terminología de Hugo Chávez, el “socialismo del siglo XXI”, continúan, sin embargo, ostentosa e histriónicamente insistiendo en unas formas que se parecen demasiado a la ortodoxia que se aplicó en el llamado “socialismo real”: una tendencia severa a una economía estatizada y unas prácticas políticas dogmáticas, que ha llevado a Cuba, paradigma para los otros cuatro países, a un ostracismo endémico y a estrellarse con una realidad donde lo único igualitario es la miseria, tanto económica como política. Es la otra izquierda latinoamericana que pareciera vive aún enclaustrada dentro del fantasma del muro de Berlín en plena era post guerra fría y que no participa en este encuentro haciéndose llamar, del mismo modo, progresista.

También esta Cumbre pretende además inaugurar una potente señal “desde el Sur”, como un indicador de que también desde allí, y no sólo desde el omnipotente Norte, se pueden mover los acontecimientos, en una muestra de multilateralismo que está por reinaugurar la Administración Obama. Así, esta Cumbre Progresista intenta desde el Sur indígena-latino del continente, con Brasil como líder, hacerse escuchar como una voz a tener en cuenta en el escenario político y económico mundial.

Fuera de estas aproximaciones que rodean esta Cumbre Progresista en Chile, lo importante es que el tema central en el cual se reflexionará es “La crisis mundial (cómo no) y los desafíos medioambientales”. Pero la organizadora de la Cumbre, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha insistido agregar un ítem más: debatir las políticas sociales como propuesta progresista para gestionar la crisis orientadas a proteger los sectores sociales más vulnerables por la debacle económica.

Hasta aquí todo perfecto.

Sin embargo, resulta fatalmente paradójico que uno de los ilustres participantes en esta Cumbre, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, haya impulsado, vehementemente, junto a países nórdicos y otros del antiguo Este (todos de derecha), una iniciativa a los Gobiernos en el Consejo de la Comisión Europea que contiene un formidable recorte a los derechos laborales de los trabajadores europeos: elevar el techo del tiempo de trabajo laboral semanal de 48 horas actuales a, nada menos, 65. Esta iniciativa, que se ha dado en denominar el opting out, pretende que la jornada laboral se negocie entre la empresa y el trabajador “libremente”.

Hay que dimensionar esta iniciativa impulsada principalmente por la Administración Brown en su total devastadora envergadura: pretendía eliminar parte importantísima de los derechos sociales colectivos de los trabajadores europeos que costó sangre, sudor y lágrimas desde principios de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, precisamente en su país, Inglaterra, y que sólo cristalizó durante las primeras décadas del siglo XX. Estas conquistas constituyen la base del derecho laboral, ni más ni menos.

Felizmente, y gestionada por un eurodiputado socialista español, hay que decirlo con todas sus letras y en voz muy alta, Alejandro Cercas, apoyado por eurodiputados de casi todas las corrientes políticas, incluyendo doce laboristas (el partido de Brown), que rechazaron las presiones de sus respectivos partidos desmarcándose de sus directivas, logró reunir en una votación histórica en el Pleno del Parlamento Europeo, 421 votos en contra de la iniciativa opting out; a favor 273 y 11 abstenciones.

Sin ningún género de dudas, esta iniciativa de la Administración Brown, es la ofensiva más brutal de la Europa neoliberal, corriente económica y política que se ha estrellado con un fracaso histórico y que tiene al mundo en una crisis sin precedentes. Esta iniciativa dinamitaba los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e implicaba una regresión social demoledora.

La pregunta es, qué se pretendía alcanzar con una iniciativa de esta naturaleza. La respuesta no deja cabida a la duda: no es más que la consagración de unos postulados del neoliberalismo más salvaje del capitalismo autoritario que se debate entre la vida y la muerte, y lo que pretendía, esencialmente, es imponer el modelo laboral chino. Esto es, sueldos paupérrimos y jornadas laborales extenuantes.

Esta equivocada y cínica postura pretendía importar a los países desarrollados con poderosos Estatutos Laborales, las humillantes e inhumanas condiciones profesionales que padecen los trabajadores en los países con economías emergentes y pobres.

Esta no es la solución a la crisis del capitalismo, ni es la Europa que quieren los ciudadanos europeos, ni tampoco la aprueban los trabajadores de América Latina, Asia y África. Para aumentar la rentabilidad en los mercados europeos, no podemos proletarizar la fuerza de trabajo global con medidas laborales del siglo XIX. Tampoco postulamos a un tratamiento radical contra la flexibilidad laboral, especialmente en épocas como las actuales de debacle económica no es la mejor forma de gestionar la crisis. Sin duda, tanto trabajadores como empleadores deben ampliar el marco negociador de tal forma que se alcance un equilibrio que no funcione en detrimento contra ninguno de los dos agentes sociales.

Pero en ningún caso intentar transplantar las enormes injusticias de los derechos laborales (si los hay) en los países pobres o de economías emergentes a Europa. Esta apuesta debe calificarse sólo como demencial. Más bien habría que explorar, velozmente y sin temores por el inminente peligro de explosiones sociales, también globales, exactamente lo contrario: exportar a los países con economías emergentes y pobres el modelo laboral de los países ricos, especialmente europeo. La postura contraria, y que se intentó imponer con la iniciativa Brown, es altamente peligrosa: el mundo no puede sobrevivir importando y globalizando las injusticias laborales que padecen los trabajadores del llamando “Tercer Mundo”. Esta sinrazón sólo provocaría una fractura irreversible en la cohesión social a nivel planetario, y contaminaría la credibilidad de las instituciones y gobiernos democráticos, produciendo una metástasis sistémica a nivel global. Y si con la desregulación del mercado, paradigma de la derecha neoliberal más salvaje, se ha desencadenado una crisis sin precedentes, con la desregulación social o, con recortes a la justicia laboral, que es lo mismo, se logrará también la devastación social.

Esperamos, ansiosos, que los presidentes de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, Cristian Fernández, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, todos con economías emergentes, puedan convencer al primer Ministro del Reino Unido, Gordon Brown, de que el futuro de la humanidad y la superación de la crisis del capitalismo –que no es sólo económica sino de credibilidad- comienza por la ampliación o/y mejoramiento de los derechos laborales, no sólo en los países ricos, sino en todo el mundo emergente y pobre, donde existe un déficit alarmante e insultante en derechos laborales; que se debe aumentar la protección social de los grupos vulnerables, y, especialmente, de los desempleados; que se debe institucionalizar, donde no lo esté y donde esté protegerlo, el diálogo social tripartito entre sindicatos, empleadores y ejecutivo, para articular y perfeccionar, siempre, el entendimiento entre estos agentes sociales. La crisis de rentabilidad productiva europea y la crisis global del capitalismo neoliberal, no se soluciona erosionando el modelo social europeo, el más justo creado hasta ahora históricamente, sino, más bien exportándolo al resto del mundo. Sólo la justicia social a nivel planetario solucionará esta crisis y las que vengan.

En definitiva, necesitamos cambios estructurales comprometidos con la solidaridad social, y los derechos laborales son una parte fundamental para alcanzar o mejorar la justicia social. Y esto debe coordinarse, como la crisis económica, en forma global. Y estos cambios deben gestionarse para proteger a los más vulnerables, tanto en los países ricos y, mucho más, qué duda cabe, con los vulnerables de los países emergentes y pobres.

Esperemos que las conclusiones de la Cumbre Progresista de Viña del Mar en Chile, contemplen estas posibilidades y ponga en marcha, ya, un Plan de Acción para comenzar a materializarlas.