Concertación: responsabilidad política y apuesta histórica

Publicado también en Primera Línea (La Nación)

Las afirmaciones de que la Concertación está en una etapa de “descomposición” o que ha entrado en un estado de “fatiga” endémica o que carece de proyecto político son, a todas luces, excesivas, falsas en la perspectiva, carentes de sentido de las proporciones y, por tanto, no se concilian en absoluto con la realidad. Lo que sí está en descomposición y en un estado de fatiga, son las crisis recurrentes que padece la Concertación las cuales desenfocan el debate y pervierten lo medular. Estas crisis entre autoflagelantes y autocomplacientes se han transformado en una especie de costumbrismo ramplón que ya conecta sólo con la desmesura. El proyecto  político global de la Concertación fue, ha sido y será el bienestar de las grandes mayorías implementando políticas públicas que incidan positivamente sobre las desigualdades sociales. Entonces, lo que se discute realmente son las prioridades de una estrategia para llevar a cabo este proyecto político. Se prescinde en este momento de estrategias de consenso para la creación de lo que, a mí entender, es la cristalización del proyecto global conceratcionista, una Sociedad de Bienestar, o sea, lo que se discute esencialmente son los instrumentos para plasmar esa sociedad y no la carencia de un proyecto político. Es contradictorio que en medio de una supuesta crisis se estén debatiendo estrategias para el desarrollo (ya sólo este tipo de debate implica que existen las condiciones favorables para hacerlo); que mientras el  país crece entre el 5 y 6% y todas las variables económicas son favorables; que mientras el presupuesto anual para el área social tiene un volumen nunca visto en la historia de Chile; y que mientras creces el AUGE, hay un proyecto de ley para mejorar sustancialmente la educación y otro anticorrupción que otorga al aparato del Estado con un cuerpo legal de los más modernos del mundo, aparezcan dentro de la Concertación los monotemáticos  autoflagelantes de siempre, que, junto a los “agoreros del pesimismo” como denominó la Presidenta a la oposición, nos pintan un fresco catastrófico, alarmante y apocalíptico que pone los pelos de punta.

Sin embargo, hay que destacar que sí existe cierto desgaste propio del ejercicio del poder  durante 17 años ininterrumpidos, inevitable por eso mismo, pero de ningún modo irreversible. Con relación a la “falta de proyecto”, es recomendable ajustar los planteamientos y dejar muy claro que el gobierno de Michelle Bachelet  es en sí mismo un gran proyecto al más corto plazo: contiene un programa que pretende instalar las bases, históricas a mi entender, para una protección social que parte desde el nacimiento y se extiende hasta la vejez. Si a esto no se le llama proyecto político es que estamos confundiendo tanto los términos como los conceptos. Lo que sí es necesario, es crear una reformulación y definición del proyecto político global de la Concertación a mediano y largo plazo; un proyecto nuevo que afiance la herencia del actual programa de gobierno, y pueda crear las condiciones materiales y políticas para establecer un Estado capaz de institucionalizar la Sociedad del Bienestar. Para este proyecto se requiere de un Estado que controle por lo menos el 30% del PIB, actualmente apenas tiene el 18%. Para  lograr este Estado, sería necesario –no se ha inventado otra fórmula aún- implementar una política fiscal gradualmente progresiva anual, basándose en los estándares de los países desarrollados en esta materia, y, por supuesto potenciar el crecimiento económico sostenido, porque, aunque parezca obvio y majadero repetirlo, para este proyecto político, y para cualquiera, se requiere una macroeconomía saneada y en plena marcha.  Este proyecto político  y sus coordenadas técnicas será materia de especialistas para el caso específico chileno, pero, la verdad, es que no tiene secretos: en los países de Europa, como Francia, Suecia, Alemania o España está operativo. Que el modelo de estos países vaya sirviendo como tranquilizante para los que, dentro de la derecha, sientan inquietud  por un Estado más robusto y más social; o escepticismo, dentro de la izquierda, por un Estado protector y con una política económica de libre mercado.

Antes de entrar al análisis, hay un dato importante a destacar, y es que las turbulencias que está administrando el gobierno y la Concertación no produce, hasta ahora, lo que la  lógica más elemental nos debería indicar: que la oposición está  beneficiándose del  descontento de la ciudadanía por los errores del gobierno y de la Concertación. La realidad de las estadísticas nos muestra que no es así. Pareciera que –como muchos afirman-  la Concertación está enraizada en la conciencia colectiva como una fuerza política capaz de gestionar las crisis y solucionarlas y, lo más determinante, pareciera que este conglomerado ha alcanzado una dimensión histórica que le otorga un margen de confianza ciudadana a prueba de crisis de toda índole. Si es así, la Concertación tiene la enorme responsabilidad histórica de ser leal a esta confianza.

En efecto,  puestos a elegir entre los logros de la era concertacionista y para hacer un poco de historia, cabría destacar que esta coalición es un fenómeno político inédito a nivel local y mundial,  por su enorme capacidad de cohesión, su alto grado operativo y por su longevidad con apoyo permanente y macizo de  la ciudadanía. Con este potencial ha logrado la gobernabilidad del país después de la catástrofe de la larga dictadura; una gobernabilidad que ha pacificado al país y lo ha puesto nuevamente en el mapa mundial como una importante referencia democrática a tener muy en cuenta. Paralelamente, ha consolidado, con muchas dificultades por los poderosos enclaves autoritarios que dejó el totalitarismo de la dictadura, la democratización de las instituciones del Estado, sacándolas del desprestigio en que estaban sumidas, otorgándoles una sólida legitimidad y credibilidad; entre ellas, las FF.AA. A todo esto se agrega una política económica  con un fuerte contenido social que ha impactado positivamente, entre otros ítems, en la disminución notable de la pobreza. Esta conciliación entre economía de mercado  y un programa social de envergadura,  es el mérito más destacable y loable de la era concertacionista  (que se ha denominado como “crecimiento con equidad”); ecuación complejísima de materializar, más aún en la coyuntura económica e ideológica actual tanto local como mundial, recargada de incertidumbres. Este resumen, muy general, de los logros de la Concertación en lo que va de sus tres gobiernos (el actual ya habrá tiempo para su análisis final) es, sin ningún género de dudas, un avance a preservar. Pero la historia no se detiene aquí.

La historia continúa, y ahora  Chile está inmerso en un proceso de  transición histórico tan medular como complejo. Este proceso tiene dos vertientes que van paralelas mezclándose entre sí: cultural, de género y, económico social. La complejidad de un proceso de esta envergadura crea  dificultades múltiples y problemáticas enormes. Por ello, es necesaria una reflexión en un intento por localizar y exponer los problemas  principales de esta etapa histórica que vive Chile, para así tener una visión panorámica y poder explorar las posibles soluciones.

Problemática cultural de género

Esta etapa está marcada por un dato esencial: una mujer alcanza la presidencia del país y está dirigiendo este proceso histórico. Esto implica un cambio cultural  político de enorme magnitud y proyección. En este capítulo, se han disparado las actitudes androcéntricas y de  machismo más cavernario tanto fuera como dentro de la propia Concertación, poniendo siempre en duda la capacidad de liderazgo de Michelle Bachelet. Todavía no se ha entendido  que el liderazgo que ejercen las mujeres es diferente al de los hombres; y,  en el caso  específico de la Presidenta Michelle Bachelet, su característica principal es suaviter in modo, fortite en re (suave en las  maneras, decidida en la acción). El proceso de aceptación  y asimilación de un nuevo fenómeno cultural  político es muy lento y agrega dificultades extras y enormes a la gestión de  Michelle Bachelet, ya que, como todos sabemos, un cambio cultural sucede, se vive en el inconciente de cada persona. Y es en este inconciente de cada chilena y chileno donde se están librando combates diarios entre los prejuicios y el razonamiento, entre la tradición y lo nuevo, entre el machismo y la igualdad de género. Las mujeres que ocupan altos cargos públicos o privados, según todos los estudios científicos más exhaustivos y fiables en la materia, son cuestionadas el doble que los hombres que tienen igual ocupación, y  a la mujer se le exige el doble que a los hombre y deben tener un desempeño más que excelente para recién ser consideradas. Y es que, por el hecho de ser mujer, hay una lupa machista  gigante siempre cuestionando y prejuzgando desde y por su género sexual. Otra tendencia de este fósil ideológico, el machismo, es poner a un hombre al lado de la mujer con poder atribuyéndole a éste una influencia desmedida en todo lo que hace y dice la mujer en cuestión; en definitiva, la mujer se convierte en una muñeca ventrílocua  o totalmente colonizada por el hombre que le instalan a su lado. Esto ha sido sintomático en el caso de la Presidenta Michelle Bachelet: le han puesto hombres a su lado que estarían dirigiéndola; primero fue Camilo  Escalona y, ahora último, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que lo han transformado en un verdadero Rasputín del gobierno de Michelle Bachelet.  El cuestionamiento al liderazgo con respecto a la Concertación que muchos plantean no está siendo ejercido por la Presidenta, no tiene base real. Michelle Bachelet ha apelado infinidad de veces a la unidad de la Concertación; a mejorar la convivencia; a centrarse más y mejor en las reformas que son viables y que tienen piso político, sin discriminar el debate; a mejorar la calidad de la política; además implementó una renovación generacional y  llevó a cabo la paridad de género en su primer gabinete, en una apuesta política  renovadora de la Concertación de gran valentía por el enorme riesgo para su propia imagen política, pero hasta ahora muy pocos perciben estos esfuerzos, y pareciera que la escuchan pero no oyen: porque tienen instalado el audífono machista.  (Recomiendo el escrito de la propia Presidenta,  Los sueños que inspiran mi mandato, para entender cabalmente  su gestión; pero recomiendo también leerlo sin la anteojera machista, en lo posible).

La problemática de género es difícil de corregir  porque es un fenómeno cultural político y éstos tienen su propia dinámica y son de larga data y amplísima dimensión en el tiempo. Esto implica que durante toda esta gestión todo lo que diga y haga Michelle Bachelet  pasará  por el filtro machista de sectores demasiado amplios, especialmente de la clase política, que, como todo indica, va un paso atrás del de la ciudadanía. Este atentado a la dignidad que es el machismo, cruzará todo este gobierno, de eso no cabe la menor duda. Y una solución inmediata no existe. Más bien, hay que apelar al tiempo y  a las cualidades innatas de la Presidenta, y a esa fuerza que ella posee y que  llama muy coloquialmente  tener “ñeques” para resistir este verdadero acoso público.

Problemática económico social

Y,  por otro lado, paralelamente al choque  político cultural e histórico que produce el género de la Presidenta, Chile está  inmerso en otro crucial proceso histórico: la transición que va de ser un país subdesarrollado a uno desarrollado. Y esto requiere la articulación de lo  que a mi entender  es la gestación del proyecto político de la Concertación en esta etapa histórica de Chile: la Sociedad del Bienestar al estilo europeo (que no norteamericano). O sea, un Estado protector que institucionaliza y universaliza la solidaridad en vivienda, salud, educación y pensiones, creando una sociedad cohesionada, segura de  sí misma y de su futuro y con gran capacidad de mejoramiento sostenido de la calidad de vida. Este proyecto, no formulado aún pero que está en la génesis del programa de gobierno de Michelle Bachelet  tiene, y tendrá,  críticos de todos los colores. A la izquierda no le cabe en la cabeza cómo una política económica de mercado tan extrema como es en el caso chileno, podría conciliarse con un Estado protector, y ven este proyecto como una suerte de esquizofrenia política; en la derecha, se tiran  de los cabellos porque quieren un Estado cada vez más anoréxico, donde el mercado  sea el paradigma de todo, reduciendo a las personas, en definitiva,  a ser sólo  clientes y no  ciudadanos. La Concertación se ha inclinado más bien por lo que  el economista  investigador y funcionario de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Javier Santiso, ha planteado. La tesis central  de este investigador apunta al desarrollo evolutivo pragmático que se ha impuesto en las principales economías de América Latina,  las cuales han ido desechando las soluciones económicas maximalistas para solucionar los eternos problemas del continente, y se ha pasado del “mundo ideal al mundo posible”; implementando lo que  Santiso denomina como la economía del posibilismo: una  desideologización de la política económica,  poniendo el caso chileno y brasileño como paradigmas de este fenómeno  (La economía de lo posible. BID Banco Interamericano del desarrollo, Argentina, 2006). Si exploramos desde esta óptica  el caso de Chile, vemos  que se han aplicado todas las teorías  económicas ideológicas maximalistas.  En efecto, después de pasar por la economía del socialismo real ortodoxo a principio de la década del 70 en el gobierno de Salvador Allende, se mudó al otro extremo, a una  economía neoliberal salvaje en los 80 con Augusto Pinochet; y, a partir de 1990 cristaliza la economía del posibilismo que ha gestionado la Concertación. Esta política económica pragmática y desideologizada, está llena de enormes retos al agregarle la palabra “social”, una economía social de mercado. La estrategia de esta economía desideologizada y pragmática delposibilismo, conjuga una economía de mercado con un programa  social  poderoso, con el objetivo de neutralizar los resultados perversos de injusticia social intrínsecos al mercado a su libre albedrío. La tesis es: sin regulación alguna por parte del Estado y sin un programa social de envergadura, en una economía de mercado las desigualdades se reproducen ad infinitum y se perpetúan las desigualdades de todo tipo.

El proyecto político que se inicia, a mi entender, con el programa social del gobierno de Michelle Bachelet,  es histórico, y requiere sin duda, de la máxima disciplina y unidad  programática de la Concertación. Disciplina aquí no quiere decir obediencia, sino priorizar el programa de  actual gobierno, teniendo presente que el parlamentario ha obtenido  el derecho de representar al ciudadano que le votó para que el programa de gobierno se materialice. El apoyo de este programa de gobierno es parte esencial de la estrategia del proyecto global de la Concertación: crear las estrategias para poner en marcha un Estado de Bienestar.

Otra cosa son los debates de cuanto problema afecta a la gente que no tienen porque funcionar en detrimento del programa de gobierno ni producir grietas insalvables en la Concertación.Tampoco debe ser motivo de desajustes insalvables en la convivencia concertacionista, el perfeccionamiento, los ajustes y rediseños necesarios al modelo económico para poder poner las bases de un Estado protector, teniendo muy mucho en cuenta lo que ha planteado la Presidenta Michelle Bachelet,  que la economía debe estar al servicio de la gente y no a la inversa.

No entrar en los debates de los problemas objetivos que vive y sufre  la gente, es un ejercicio de clausura y autocensura a la democracia. Y no en todos los temas puede haber consenso. Si se pone como condición imprescindible para debatir los problemas de la gente el consenso, estamos a priori encarcelando el debate poniéndole como  candado el consenso. Primero es el debate y después el posible consenso; no puede ser a la inversa porque estaríamos guillotinando la democracia  y la guillotina sería el consenso. Si no hay consenso no se debate, esa es la hipótesis de los que niegan a debatir (o temen o no tienen voluntad política para hacerlo), porque crea división al no haber consenso. Si nos ceñimos a esa hipótesis, el debate habrá muerto en Chile (y en cualquier sitio); es una hipótesis a todas luces errada y que atenta contra la democracia más elemental, que es el debate de todos los problemas que afectan a la gente, independientemente si se logra un consenso o no.

El ADN de la Concertación es su diversidad y su alto grado de tolerancia, y esa ha sido siempre  su mayor riqueza, y esperamos que continúe siéndolo.  Esta  doble estructura de su hélice -diversidad y tolerancia- ha permitido siempre el debate, entendiéndolo como parte fundamental  para poder desentrañar el comportamiento de todos los problemas que afectan  a la gente. No hay que temerle al debate, ni tampoco a los conflictos, que dentro de una coalición cohesionada son positivos, más bien hay que temer a no debatir;  porque a través de éste la democracia gana en calidad.  Hay que continuar confiando en esa  doble hélice del ADN de la Concertación: su diversidad y su tolerancia. No es saludable ni para la Concertación, ni menos para el país, comenzar a ser intolerantes con la tolerancia y la diversidad.

Sin embargo, y en  una suerte de invalidez  política, queremos creer momentánea, en la Concertación  han vuelto a aparecer (ya se han vivido en sus anteriores gobiernos, pero ahora son más intensas)) zonas  conflictivas en el Parlamento, como  dificultades de articulación y materialización de las propuestas del gobierno, en una suerte de antropofagia política que ha maximizado los conflictos internos. Esta práctica de “fuego amigo” es, qué duda cabe, una forma  agresiva y poco operativa de organizar la convivencia, por decir lo mínimo, y debería desterrarse  de la Concertación. Estas actitudes “díscolas” funcionan en detrimento de la responsabilidad histórico-política que tiene en las manos la Concertación en esta etapa de transición histórica: aprobar, rápida y eficazmente, el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, que apunta a potenciar al máximo el crecimiento económico sostenido con una propuesta poderosa de protección social, que sería el primer paso de envergadura y el más cohesionado hasta ahora para disminuir las desigualdades sociales enormes que aún padece Chile. Y por otra parte, este mosaico de desencuentros estaría ilustrando que hay una vacuidad en las comunicaciones dentro de la Concertación: ningún parlamentario del conglomerado debería llegar al exceso de tener que votar en contra de una ley propuesta por su propio gobierno (por cierto, el voto en contra de la ley de depreciación acelerada  de Carlos Ominami,duele; en él parece un exabrupto; nos consolamos pensando que nunca la inteligencia es completa en nadie, ni siquiera  en los más inteligentes). Hay, entonces, un problema de comunicación que está enrareciendo la convivencia entre  los diputados y senadores del conglomerado y el gobierno, que es urgente corregir.

A este cuadro confuso se agrega un discurso de ciertos parlamentarios hombres (todos son hombres los que gritan al cielo) lleno de  excesos  y que resultan verdaderas perversiones semánticas; o guerrillas individuales con agenda propia de alto nivel ciertamente extravagantes que suenan muy cercanos al caudillismo  (casi) populista, tan iconoclasta como extraña al alma de la Concertación. La indisciplina e irresponsabilidad  programática conlleva un  coste político que  puede ser exorbitante: el electorado, sintiéndose engañado y traicionado por la obstrucción parlamentaria de los propios concertacionistas  por los cuales votó para implementar el programa de gobierno con el cual venció en las últimas elecciones presidenciales  Michelle Bachelet, les pasaría la factura al  oficialismo en 2010, y con toda razón.  Pero también sería, y esto es lo trágico, la destrucción de una oportunidad histórica  que vive Chile: avanzar significativamente hacia una sociedad mucho más justa y dar el primer paso para alcanzar un Estado solidario. (Excluyo de esta crítica el documentoque, parece,  preside Carlos Ominami, por ser, a mi entender, un aporte de gran valor programático a lo que, no me cabe la menor duda, apunta la gestión de Michelle Bachelet. Presentar propuestas que ajusten el diseño de la política económica para articular  mejor la necesaria y urgente protección social que requiere Chile, deben ser cuidadosamente analizadas, y rescatar de ellas lo mejor y más viable de materializar. Sin embargo, creo que este documento excede los límites: no se puede dictar la política económica desde los partidos ni desde el Parlamento. Porque este documento es un verdadero plan de acción de la política económica que se debería implementar, mandando literalmente al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a su casa. La tosca relación de la Concertación y, especialmente  de los parlamentarios de esta coalición, con el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se ha transformado en una suerte de obsesión incontrolable; no se sabe si es por no pertenecer a ningún partido de la Concertación, o, por el prisma machista que se está usando para mirar al gobierno, lo considerara, a Andrés Velasco y no a Michelle Bachelet, el que está cortando el queso en elejecutivo; o hay  duras animadversiones personales. De estas dudas nos tendrán que sacar lo más pronto posible, porque los mortales necesitamos que las gestiones del Parlamento se dinamicen y se comiencen a ver lo más pronto posible los resultados del trabajo legislativo.  Porque lo que no cabe la menor duda, es que la Presidenta Michelle Bachelet tiene tanto la ruta muy clara como el programa de su gobierno de protección social muy definido. Nada indica, como lo están planteando algunas señorías que la Presidenta prácticamente está reduciendo su programa o lo está mutilando o cambiando en beneficio de los poderosos de siempre. Los autoflagelantes deben entender que en estos cuatro años  el problema que plantean ya está solucionado: sólo deben aprobar  en su momento preciso el programa de gobierno de Michelle Bachelet.

El talón de Aquiles de la Concertación

Ahora bien, haciendo un análisis más crítico y exhaustivo, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de la Concertación ha sido su incapacidad para desmontar la enorme desigualdad en la distribución del ingreso, a pesar de su máxima “desarrollo con equidad”. Se ha logrado la gobernabilidad  después del trauma del totalitarismo; la gestión económica ha  logrado un crecimiento sostenido inédito en la historia de Chile; hay agenda de políticas públicas permanente dirigidas a las capas de la población más desfavorecidas del sistema,  pero, y a pesar de una voluntad política  que no queremos poner en duda de parte de la Concertación, los avances coexisten con grandes déficit de justicia social, especialmente en la distribución del ingreso que es absolutamente perverso por lo asimétrico y uno de los más injustos del mundo.

El sistema o modelo económico que ha administrado la Concertación ha sido exitoso por cuanto ha logrado un crecimiento sostenido de la economía sin precedentes en la historia de Chile; y todos estamos de acuerdo que sin la macroeconomía en regla no tenemos la más mínima posibilidad de soñar con nada de nada. La fórmula ha sido la liberalización de la economía, quitando barreras  pero sin discriminar los controles adecuados para así estimular el crecimiento sostenido y sustentable. Pero este modelo, y ya nadie lo discute y en esto hay absoluto consenso en la Concertación (y en el mundo entero, incluyendo  EE.UU), crea ganadores y perdedores,  a pesar de la implementación de políticas públicas orientadas a combatir las desigualdades sociales. Pero no bastan. Y los perdedores son los de siempre: la clase trabajadora, en gran medida, pero también grandes capas de la clase media baja.  Se requiere de un proyecto político social altamente cohesionado para desarticular las desigualdades sociales que engendra la economía de mercado. En este ítem, se debería agregar como parte de las políticas públicas del programa de gobierno, la formación de los recursos humanos desprotegidos; un obrero especializado va a cobrar mejor sueldo que uno sin formación específica alguna, mejorando automáticamente la distribución del ingreso. Otra condición imprescindible en materia de políticas públicas con miras a la justicia social y concretamente a disminuir la desigualdad en la variable analizada, es preparar las condiciones adecuadas para mejorar la calidad del dialogo social entre trabajadores y empresarios/empleadores, desideologizando esta convivencia para, así, desterrar esquemas caducos que presentan a trabajadores y empresarios/empleadores como dos agentes sociales  antagónicos. Aquí es necesario desdramatizar (frente a los empresarios/empleadores) la negociación colectiva, ya que es la  herramienta imprescindible para la convivencia de igual a igual entre estos dos actores sociales imprescindibles y fundamentales para el desarrollo económico y social armonioso del país. La buena y respetuosa convivencia entre trabajadores y empresarios/empleadores regulada por un Estatuto de los Trabajadores adecuado, y una negociación colectiva dinámica y efectiva, es la condición sine qua non para que el país alcance una simetría en la distribución del ingreso.

Los efectos nocivos de la desigualdad en la distribución del ingreso, está incubando futuros conflictos sociales  imparables, que pueden convertirse  en estallidos  sociales, muy justificados, por cierto. Un  clima político y social crispado y desestabilizador atentaría contra la estabilidad política, condición necesaria para que el proceso de crecimiento económico sostenido se mantenga, y  afectaría a toda la clase política, no sólo a la Concertación, como también, y esto es necesario dejarlo muy claro, a los propios empresarios/empleadores.  Esta realidad, que nadie puede desconocer ni menos discriminar en el debate y análisis si se quiere tener un mínimo de seriedad  y responsabilidad política, ha llevado a la Concertación a otra de sus certezas, a saber, que sin la  intervención decidida, sistemática y firme del Estado, aplicando medidas apropiadas para ordenar y regular la actividad del mercado y, paralelamente, desarrollar políticas públicas  graduales no hay viabilidad para ir disminuyendo la lastrante desigualdad social. Como todos los estudios científicos   en economía y  en ciencias sociales lo verifican, el mercado  por sí solo no conduce a la eficiencia económica ni al bienestar social para las grandes mayorías, sino más bien perpetúa la desigualdad social y la asimetría económica.

Es en este ítem donde  se debe profundizar el análisis y la puesta en marcha de un plan de acción para intensificar el programa de protección social, cohesionándolo al máximo dentro de las posibilidades reales en esta etapa histórica.  Este es, a mí entender, insisto, el proyecto político a corto y largo plazo  de la Concertación: la creación de una Sociedad del Bienestar, siguiendo el modelo europeo. La Concertación  debe organizar y explorar las prioridades estratégicas para viabilizar  este proyecto político en un nuevo pacto a partir del gobierno de Michelle Bachelet que, según su programa, sienta las bases de una protección social  que se extiende desde la infancia (educación pre-escolar) hasta  la vejez  (la pensión solidaria universal). Un programa, sin duda, de dimensiones históricas para Chile.

Por lo tanto, lo que la Concertación debería ponerse a debatir a toda marcha, después de fijar la prioridad sin fisuras del programa de gobierno de Michelle Bachelet, es en un proceso para elaborar las estrategias  que logren la creación de una Sociedad de Bienestar, proyecto político, qué duda cabe,  de largo y ancho aliento, y no continuar desgastándose en discusiones bizantinas.

La oposición obstructiva
A este panorama lleno de turbulencias dentro de la Concertación, y en medio de un proceso de transición recargado de grandes problemáticas como las ya expuestas aquí, se agrega una oposición, ¡desgraciadamente!, carente de propuestas positivas; obsesiva en su sólo afán de obstrucción total  a la gestión del gobierno; y donde  el “todo vale” se convierte en estrategia global para alentar la crispación política sin más objetivos que desgastar al gobierno. La oposición actúa sólo de forma reactiva y no prepositiva. Es una oposición, además, obscena por monotemática, irresponsable y de guerra sin cuartel que prescinde de ser leal a la verdad y a la realidad del país que, a pesar de las grandes desigualdades sociales y de los problemas reales que ha tenido que gestionar el gobierno de Michelle Bachelet,  el país progresa y  se cuenta con un plan de acción político para ir sorteando los obstáculos que impiden el despegue definitivo a un  país con justicia social. Importa llamar la atención sobre la derecha chilena por lo pronto incapaz de aportar nada rescatable en los últimos 50 años  en la historia de Chile. Sólo nos ha otorgado un espectáculo dantesco, lleno de represión, crímenes, corrupción generalizada sin ninguna posibilidad de fiscalizar, y pobreza para las grandes mayorías; en fin, una barbarie dictatorial donde participaron alegremente mirando para el lado mientras se asesinaba los que ahora se erigen como ejemplares demócratas y se proponen como alternativa de gobierno. La derecha chilena sólo nos ha otorgado en los últimos 50 años, en los cuales no ha ganado ninguna elección popular,  mínimos hallazgos y demasiada ceniza. Los chilenos, por cierto, no nos merecemos esta derecha.

A modo de una  conclusión
Los problemas deben reconocerse bien para enfrentarlos mejor. Los países se conocen no sólo por sus crisis, sino más bien por cómo las solucionan. En eso estamos. Lo más importante en este momento, para ya ir cerrando el análisis, es crear los mecanismos para separar los conflictos al interior de la Concertación y la praxis de su gobierno.

Con relación a esto último, nada justifica hasta ahora la modificación de la agenda de prioridades (obligaciones, más bien, que tienen con el electorado que les votó) del programa de Gobierno de Michelle Bachelet. El catálogo de prioridades es clarísimo. El debate coyuntural aunque produzca recalentamiento en la Concertación, no debería funcionar en detrimento de la praxis del gobierno, más bien debería inhibir todo obstáculo que impida que el gobierno lleve a buen puerto su programa, y servir más bien como un estímulo recíproco entre el gobierno y la Concertación que como un impedimento.

La materialización y éxito del programa de gobierno de Michelle Bachelet  pone las bases de un Estado con responsabilidad social enmarcado en una institucionalidad de la protección social, primer paso para alcanzar el desarrollo, entendiendo este concepto como una sociedad con justicia social  y la inclusión con igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su género sexual, clase social, origen étnico, discapacidad u orientación sexual, lo que en Europa se denomina Sociedad del Bienestar. En Chile, todos y todas son imprescindibles. En este planteamiento es donde entra una de las la máximas de la Presidenta Michelle Bachelet sobre su gestión, un gobierno incluyente.

En fin, la Concertación, nos guste o no, ha logrado la gobernabilidad y ha sacado al país, sin grandes traumas sociales, del totalitarismo a la democracia. No hay en la actualidad ninguna otra fuerza política capaz de llevar a cabo la segunda gran tarea que reclama el país: sacarlo del subdesarrollo sentando las bases de la justicia social. El actual proyecto político en ciernes de la Concertación, quiero creer, es la creación de un Estado de Bienestar, de tal manera que las relaciones del Estado con la sociedad sean de solidaridad  y de derechos y obligaciones recíprocos.  El otro conglomerado, la derechista Alianza por Chile, demagógicamente propone el “cambio”, pero en realidad representa la involución. Fueron gobierno de facto durante diecisiete años y medio, y son los responsables políticos de la barbarie de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos más fundamentales, como la vida, durante todo ese período. Actualmente, reconvertidos a demócratas, no proponen otra alternativa nueva que el mismo neoliberalismo hipersalvaje de siempre sin ningún programa social de envergadura; una calcomanía de lo  mismo que bajo la dictadura  dejó a Chile sumido en la miseria social, económica y moral. Sólo que ahora no administrarían el terrorismo de Estado que gestionaron durante la larga dictadura, con cárceles, asesinatos y exilio.

Como conclusión global, entonces, para que no se desquicie este momento histórico, es necesario la máxima alerta política para que el debate se ajuste a la realidad y, lo más determinante, apelar solemnemente a la responsabilidad y la disciplina política que la historia ha puesto en sus manos a los parlamentarios y miembros de los políticos de la Concertación y, por cierto, a toda la clase política. Si esta responsabilidad no se entiende y se pierde esta oportunidad histórica en que estamos todos inmersos, la clase política y, en especial la Concertación, demostrará que  terminó arando en el mar. Y que acabó viciando el debate, volviendo a la dialéctica, una y otra vez, sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío. El futuro ya está aquí, hoy. Y depende, en gran medida, de la disciplina y responsabilidad programática y de la unidad concertacionista.

Jaime Vieyra-Poseck