La estrategia política del orden público

Publicado también en Primera Línea (La Nación)

Cerrados todos los canales institucionales, y a pesar de una represión feroz del Estado chileno contra los pueblos originarios desde siempre, a estos no les ha quedado más que la calle para hacer escuchar sus reivindicaciones de justicia histórica, evidenciando el fracaso del sistema político chileno para gestionar este problema que ya tiene siglos de duración.

Este problema político, se ha transformado en sólo una estrategia para restablecer el orden público, lo que demuestra que se confunden los efectos con las causas. El desorden público es una consecuencia de la movilización social de los pueblos originarios, no la causa central del problema. Esta rocambolesca confusión entre causa y efecto del legítimo descontento de los pueblos indígenas ha sido, en gran medida, solo respondido con represión, lo que provoca, si no se cambia la óptica estratégica, un incontrolado desorden público garantizado.

Lo único claro, es que el supuesto error político de confundir los efectos por las causas es ya una estrategia política tan deliberada como perversa para centrar las prioridades no en la solución del problema central, que es una respuesta política del Estado chileno sobre la deuda histórica que mantiene con los pueblos originarios, sino todo se centra en su efecto, el desorden público. Es decir, la causa de la rebelión de esta comunidad postergada durante décadas, queda eclipsada por su efecto ―el desorden público― centrando el Estado toda su agenda política en la gestión represiva para reestablecer el orden público y circunscribiendo toda la problemática de los pueblos originarios en solo un asunto de seguridad pública.

Un problema que es político lo transforman sólo en un asunto de seguridad pública, desviando toda la atención en recuperarla de tal forma que el problema central queda totalmente discriminado y, por último, enterrado en gigantescas operaciones represivas mediáticas permanentes del Estado contra los pueblos originarios para restablecer el orden público. Paradojalmente, esta estrategia consigue, obvio, lo que busca: una respuesta violenta de los pueblos originarios, lo que transforma este conflicto histórico en un círculo vicioso con una espiral de violencias recíprocas que atentan contra el problema central, ya olvidado y enterrado por las violencias mutuas siempre in crescendo que garantizan la erosión permanente del orden público, que es lo que, pareciera, busca el Estado chileno

Es perentorio que esta estrategia que oculta la nula voluntad política para solucionar los conflictos estructurales de los pueblos originarios, concluya. El Estado chileno no puede continuar respondiendo a todas las legítimas demandas, tanto de los pueblos originarios, que son muy específicas, como el general de más justicia social sólo con una cada vez más sofisticada represión para restablecer exclusivamente el orden público. Este problema estrictamente político debe solucionarse en una mesa de diálogo institucionalizada permanente y con voluntad política real hasta llegar a un acuerdo consensuado.

La nueva Constitución, que se debe escribir lo antes posible si queremos democratizar plenamente Chile, tiene que contemplar una solución institucional a esta problemática reconociendo a los pueblos originarios como un valor en sí mismos y declarando Chile una República pluricultural y plurinacional, otorgando una cuota de representación permanente en las instituciones del Estado o, por defecto, la creación de un Parlamento autónomo de los pueblos originarios para dirimir su problemática con el Estado central, como sucede en muchas comunidades originarias de Europa, como Suecia.

En Chile no habrá orden público garantizado sin justicia social, sin representación institucionalizada garantizada y con el reconocimiento de la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios.

Jaime Vieyra-Poseck