Maquiavelo en el Tribunal Constitucional

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“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”. Esta máxima de Nicolás Maquiavelo (1469-1527,) el florentino humanista, renacentista y filósofo, considerado el padre de la ciencia política, siempre tan contemporáneo, es el autor que desliga intrínsecamente del dominio moral y ético a la política. El adjetivo maquiavélico, entonces, se puede definir como la práctica política que se basa en el engaño para conseguir sus propósitos. Sin duda, una ilustración de maquiavelismo es la práctica de la oposición de usar el Tribunal Constitucional de Chile (TC) para obstaculizar cada una de las reformas estructurales de la Administración Bachelet.

En efecto, la centro derecha, que decretó la discriminación en la reforma estructural privatizando el sistema educativo en 1981, manu militar en plena dictadura, convirtiéndose en apologista y devota de la segregación; el copago; la discriminación en la selección de los estudiantes; el lucro en el sistema educativo por sobre la calidad y la igualdad, y que definió la educación como un bien de consumo y no como un derecho, presentó en el TC un requerimiento de inconstitucionalidad a la gratuidad universitaria, argumentando que sería discriminatoria ya que, en el primer año, abarca a un estamento determinado de estudiantes vulnerables discriminando a otros. Los padres de la discriminación defendiendo la no discriminación en el sistema educacional se transforman, en una operación política macro maquiavélica, en los portavoces de la antidiscriminación defendiendo lo que nunca han creído, más bien han dinamitado: la igualdad de oportunidades y la gratuidad en el sistema educativo universitario.

Con esta maniobra maquiavélica aparecen amparando lo que siempre han rechazado y desterrado de sus códigos morales y éticos en sus operaciones mercantilistas en el sistema educativo. Viendo lo que son y no las apariencias, como nos enseña Maquiavelo, la centro derecha, devota del neoliberalismo más salvaje, ve el sistema educacional sólo como un nicho más dentro del mercado con posibilidades de lucro. Defienden, en rigor, la gratuidad universitaria de estudiantes de algunas universidades privadas, llevando el maquiavelismo a su expresión máxima: quieren continuar recibiendo dinero público para sus universidades privadas y así continuar lucrando con el dinero de todos los chilenos y chilenas.

Pero lo más esperpéntico, es que estos auténticos lobos maquiavélicos al recurrir al TC (con mayoría conservadora) judicializan la política y politizan la justicia porque ya no tienen los votos en el Parlamento ni el apoyo ciudadano para abortar las reformas estructurales bacheletistas que, en este caso, delimita la discriminación y el lucro en el aparato educacional universitario otorgando una gratuidad gradual y progresiva.

Y más aún: nos muestra que la centro derecha acude al TC porque la implementación de la gratuidad para estudiantes universitarios a partir de 2016 puede ser el punto de inflexión en la ciudadanía, asqueada de tanto maquiavelismo transversal, al comprobar que los compromisos adquiridos con ella se están materializando. Sin duda, y a pesar de todos los baches en la gestión de esta reforma, existe una férrea voluntad política en la Administración Bachelet para llevarla a cabo, y esta constatación puede producir un vuelco favorable de la opinión pública con Bachelet que, por cierto, lo necesita urgentemente si quiere sobrevivir hasta 2017. La centro derecha, por otra parte, tiene una sola línea de oposición al proceso de reformas estructurales que cambian parámetros centrales del neoliberalismo salvaje heredados de la dictadura: la obstrucción total a las reformas, sí o sí. Sin los votos en el Parlamento, sólo les queda el TC.

El abuso de recursos de inconstitucionalidad presentados, en este caso, por la centro derecha en el TC, es una operación política que otorga a esta institución, tan antidemocráticamente elitista, un rol institucional equívoco y excesivo, y un efecto perverso: convierten la democracia representativa en una farsa maquiavélica al convertir el TC, el último búnker heredado de la dictadura, en una institución que vulnera la voluntad popular de cara al país entero. Esta institución antidemocrática, a pesar de la reforma severa que se le aplicó en 2005 o por ella, ejerce la coacción política contra las mayorías elegidas democráticamente, y es, en los hechos, una institución anómala que enrarece la convivencia democrática. La nueva Constitución debe regularla y otorgarle el carácter institucional que debe tener: velar por el respeto a la constitucionalidad de las instituciones de la democracia y no como ahora que, en rigor, impugna las reformas que deben tratarse en su integridad en el Parlamento por los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente. El TC se ha convertido en una tercera Cámara que tiene la potestad tan indebida como absurda de acoger o rechazar cualquier reforma, sólo con una presentación, ya sea por la izquierda o por la derecha, de una presunta inconstitucionalidad.

Sea cual sean las resoluciones finales del TC para futuras impugnaciones contra otras reformas, serán maquiavélicamente draconianas porque maquiavélica y draconiana es esta institución que sólo destila un autoritarismo híper elitista inaceptable en democracia. La institucionalidad vigente del TC permite que el maquiavelismo, verdadera biblia para demasiadas corrientes políticas en Chile, lleven al paroxismo eso de “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” La centro derecha, en este caso, lo ha aplicado ejemplarmente. Para ello se ha valido de otra máxima de su maestro, Nicolás Maquiavelo: “el fin justifica los medios”. Sin duda, en este caso, la alumna ha superado al maestro.

Jaime Vieyra-Poseck