UDI S.A: cautiva del ultraneoliberalismo y de su pasado

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El centro neurálgico del poder en Chile está dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Su élite política y la mayoría de sus militantes son dueños de un vasto poder financiero y comunicacional ultraneoliberal creado, manu militari, durante la dictadura, que les vendió las empresas estatales, en un ejercicio de auténtico saqueo, en una suma simbólica, convirtiéndoles en un poder fáctico, y a la UDI, en una S.A por sólo defender intereses corporativos.

Devota del neoliberalismo, la UDI ha protegido hasta el fetichismo su máxima: la supremacía del mercado desregulado y su consecuencia directa, la anorexia del Estado (22% de PIB; la media en la OCDE es 36%). Esta forma de administrar el capitalismo ha creado mucha riqueza pero, paralelamente, más desigualdad: mientras exorbitante crece el capital privado, sus beneficios excluyen a las mayorías; y el santificado “crecimiento económico” resulta ser sólo en un dato obsceno para los ciudadanos.

La experiencia mundial del mercado desregulado neoliberal como una panacea, ha terminado convirtiéndose en un fraude; no el mercado sino su desregulación, produciendo un monstruo de mil cabezas depredador del ecosistema y lleno de corrupciones, culminando en sucesivas crisis globales y en la enfermedad moral del capitalismo: un vaciamiento ético de credibilidad y legitimidad sistémico.

En el caso chileno, el mercado desregulado ha sido lesionado por la corrupción de importantes conglomerados económicos vinculadas a la UDI: evasión sistemática de impuestos, fraudes contables, burbujas especulativas, conflicto de intereses, tráfico de influencias, colusiones, repactaciones unilaterales de créditos, y, por último (hasta la fecha) la Securities and Exchange Commission de EE.UU. inicia una causa criminal por presunto uso de información privilegiada contra dos vacas sagradas del sistema financiero chileno, Juan Bilbao y Tomás Hurtado.

Paralelo a esta bomba de corruptelas empresariales en el corazón de su militancia, estalla en plena cara de la UDI otra aún más devastadora, el Pentagate: financiamiento empresarial ilegal a campañas políticas; en rigor, una trama de compra de políticos. Pero no nos engañemos, esto era un secreto a voces, sólo que al salir a flote esta alcantarilla, su fetidez es tan insoportable como delirante. La gestión de la crisis ha sido peor que ésta: frenéticos, han buscado el empate del «tú eres tan corrupto como yo”, un modus operandi mafioso (y, parece, paradojas trágicas de la política, que lo encontraron en el Nueragate: un presunto tráfico de influencias de la nuera y el hijo de Michelle Bachelet, del que la UDI, ya casi ahogada, se aferra como la tabla en un naufragio).

La crisis de credibilidad que se ha instalado en el sistema financiero chileno por su descomposición ética, fisura la imagen de Chile como país con un régimen jurídico financiero solvente. Sólo una regulación equilibrada del mercado puede otorgar el equilibrio necesario entre, por una parte, Estado y mercado y, por otra, entre política y mercado. La asimetría en favor del mercado desregulado en total detrimento del Estado y la política, ha terminado poniendo en peligro la existencia misma del capitalismo, la democracia y el Estado de derecho, en Chile y en el mundo.

Por otra parte, el proyecto de ley que transparenta la financiación de la política, debe eliminar el despropósito de considerar la política como un producto más del mercado, que ha pervertido la política y las instituciones democráticas. El aporte económico tendrá que ser estatal y/o con donaciones no de agentes sino de personas jurídicas, o sea, poner fin a la aportación de las empresas.

La crisis de credibilidad y legitimidad tanto de la UDI como de la clase empresarial y de toda la derecha, es un punto de inflexión que consagra el descrédito de las instituciones del Estado, que reciben un rechazo ciudadano macizo y masivo. El Nueragate -sin duda un abuso de poder y miopía política que desmiente el discurso bacheletista de igualdad de oportunidades- anuncia un tsunami social a la vuelta de la esquina.

Es urgente, para evitar el punto de no retorno, que la fragilidad institucional que representa la Constitución de la dictadura, se jubile. Sólo una nueva Constitución otorgará, además de estabilidad social, credibilidad y legitimidad a la democracia y al Estado de derecho.

Dicho lo cual, faltaría a la verdad histórica si omitiera que en los sótanos de la UDI están los catálogos del exterminio de los derechos humanos durante la barbarie dictatorial, firmados por los que ahora están sumidos en la corrupción. ¿Qué más se puede esperar con este ropaje histórico? Y, simultáneamente ¿podemos soñar que de esta crisis nacerá una derecha desempantanada del pinochetismo ultraneoliberal, menos depredadora, y que asuma la prosperidad compartida? Tenemos derecho, aún, al vértigo de la esperanza.

Jaime Vieyra-Poseck